En rueda de prensa, la gobernadora de la provincia, Nancy Morocho, manifestó que pese a que la Iglesia Católica no ha sido capaz de solucionar este problema en la ciudad, el Gobierno está empeñado en no callar la voz de la radio, pues si así lo hiciera, seguramente se lo acusaría de atentar contra la libertad de expresión.
“Hago un llamado a que manejemos el tema de la libertad de expresión con bastante sensatez”, dijo, ratificando que la tarea del Gobierno es respetar los derechos de la ciudadanía.
Durante estos días, la radio ha abierto sus micrófonos y líneas telefónicas para que los ciudadanos puedan expresar su apoyo a los trabajadores y condenar el despido masivo del que fueron objeto.
En ese contexto, la gobernadora explicó no se pueden coartar los mensajes que de forma espontánea expresan los ciudadanos.
La funcionaria recordó que cada quien es responsable de lo que dice o afirma y que en ese sentido se aplicará la ley, si el caso así lo requiere.
Morocho dijo que “si alguien se siente vulnerado en sus derechos, debe actuar en función de la ley”.
Insistió en su llamado a la tolerancia y a la paciencia, no solo a la población y a la Iglesia, sino a los medios de comunicación locales que se sienten –a momentos- ofendidos por los mensajes que los trabajadores despedidos de la radio han emitido en estos días.
“Como Gobierno no podemos estar con uno o con otro grupo, todos son ciudadanos y merecen la atención adecuada”, subrayó la funcionaria.
El director de la radio, Alcívar Bravo, recordó que el diálogo con la congregación de los Heraldos del Evangelio, administradores de la radio, sigue suspendido tras el intento de
Alcívar Bravo, director de la radio Sucumbíos
De hecho, 17 empleados se encuentran atrincherados en las instalaciones del medio de comunicación amazónico.
Al narrar los hechos, Bravo aseveró que el intento de desalojo fue violento, pero oportunamente contenido por la acción de la Gobernadora de la provincia, quien se encargó –según el radiodifusor- de controlar las acciones que fueron ordenadas por el fiscal Over Jaramillo.
“La Gobernación ha sido la mediadora en este conflicto”, expresó, al tiempo de añadir que han hecho acercamientos con el Ministerio de Relaciones Laborales, para que supervise su actual situación.
Bravo sostiene que desde que el Vicariato de Sucumbíos recibió la licencia de transmisión para la radio, nunca otorgó los recursos necesarios para su operación.
Él agregó que el Vicariato solo cumple con llevar la administración del dinero que la propia emisora consigue a través de publicidad y autogestión.
“Nunca nos han dado un solo centavo para operar, hemos mantenido la independencia de la consecución de recursos (…) nosotros no manejamos las cuentas, ellos la administran”, explicó y negó que la radio esté quebrada y que haya un déficit de 27 mil dólares, como afirmó el sacerdote Ricardo Del Campo, titular del Vicariato Apostólico de Sucumbíos.
Ricardo del Campo, Pro Vicario de Sucumbíos
En entrevista con El Ciudadano, Del Campo, manifestó negó que la situación actual de la radio tenga que ver con un conflicto entre su congregación y la de los Carmelitas Descalzos.
Afirmó que el despido de los trabajadores es una decisión papal que debe ser ejecutada por el Delegado Pontificio, Angel Sánchez, como representante legal del Vicariato.
“Ha habido mucha desinformación por parte de los medios de comunicación”, dijo Del Campo y añadió que se ha manipulado a una parte de la población de Sucumbíos para generar caos.
“No se ha violado ningún derecho de los trabajadores y se les va a reconocer lo que la Ley establece”, aseveró y reiteró que la situación de la radio es económicamente difícil, pues –entre otros gastos- debe asumir el costo de $12 mil dólares en los salarios de sus empleados.
“Se ha dicho que queremos cerrar la radio y eso no tiene ningún sentido, la radio es un elemento de evangelización (…) la radio tiene un uso de apoyo a la gente más humilde y a las comunidades más apartadas y el objetivo es mantener eso”, puntualizó.
Del Campo fue llamado a una reunión en Quito, con Monseñor Antonio Arregui Yarza, arzobispo de Guayaquil, reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con el Delegado Pontificio, Ángel Sánchez, para analizar la situación. /SD Prensa Presidencial
Fuente: El Ciudadano, Ecuador
