El allanamiento de dos radioemisoras comunitarias en Paine, abrió una vez más el debate sobre la inestable situación en la que se desarrollan estos medios en nuestro país. La nueva ley en la materia -para ojos de muchos-, cae en vicios legales que precarizan aún más la situación actual de los medios de las comunidades jugando, además, al límite con el derecho a la libertad de expresión.
El precario equilibrio en el que se mueven las radios comunitarias en Chile las mantiene en un estado cercano a la clandestinidad y siempre expuestas a denuncias y allanamientos, como el ocurrido el martes 9 de noviembre pasado, en Paine, Región Metropolitana. “Por la parafernalia con la que llegó Investigaciones, parecía un allanamiento a narcotraficantes”, cuenta Miguel Silva, director de 24, una de las radios allanadas.
La policía civil llegó hasta la sede de la radio por una denuncia que todavía no se sabe dónde se originó. La investigación era efectivamente contra la Radio 24, pero antes pasaron por otra radio comunitaria del sector, Tentación. Su director, Marcelo Núñez cuenta que ingresaron preguntando si ésta era la radio 24. “El locutor que estaba transmitiendo le dijo que no, que era la Tentación, 105.3, entonces preguntaron que dónde estaba la 24, y como nosotros les dijimos que no éramos sapos, se llevaron todos los equipos”, comenta Núñez.
Los allanamientos a las radios comunitarias están amparados bajo el artículo 36 B letra A de la Ley General de Telecomunicaciones que sanciona con cárcel a quienes sean sorprendidos usando una señal radiofónica sin licencia.
En la incautación de la radio Tentación se llevaron el transmisor, micrófonos y computadores, además de retener por más de cinco horas a su director, Núñez, junto con el locutor, el radiocontrolador y a una persona que los acompañaba. En un comienzo se les señaló que estaban detenidos, pero después de cinco horas fueron puestos en libertad.
En la Radio 24, en tanto, como no encontraron antena ni transmisor, se llevaron los computadores ubicados en el primer piso de la casa, donde funcionan los comités de vivienda de la comuna. “Todavía no ha llegado nada de la Fiscalía” -señala Miguel Silva- “pero, por ahora, no nos pueden acusar de nada si no teníamos transmisores”. Los directores de ambas radios denuncian que las listas que les entregaron con el supuesto material incautado estaban incompletas, sin embargo, no fue posible contrastar estas acusaciones con el abogado Pablo Cortez, de la Fiscalía Sur Metropolitana, puesto que se negó a dar declaraciones.
En meses anteriores ya habían sufrido allanamientos radios como Galactika, de San Antonio; Sin Tierra, de La Reina, y otras radioemisoras comunitarias de Rancagua y diversos puntos del país. Casi siempre, la Archi (Asociación de Radiodifusores de Chile) ha estado detrás de las denuncias, que terminan con la incautación de los equipos, que son caros y difíciles de recuperar para las comunidades.
¿QUIÉN DENUNCIA?
Durante el allanamiento en Paine, los testigos denunciaron que funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones –Subtel- fueron parte del operativo. Marcelo Núñez agrega que hace tres meses fueron funcionarios de la Subtel “buscando antenas y fotografiando estaciones, arriba de camionetas de telecomunicaciones”.
Pablo Cereceda, periodista de la Subsecretaría señala que ellos no hacen denuncias de radios ilegales porque no está en nuestro ámbito de competencia. “Lo que ocurre en muchos casos es que el Ministerio Público investiga las eventuales transmisiones ilegales preguntándole a la Subtel si tal radio tiene concesión o no. Si la radio no tiene concesión, el juez estimará que es ilegal y se requisarán los equipos”, explica el comunicador.
La entidad defiende que las transmisiones de las radios de baja cobertura no son inofensivas puesto que generan interferencias con las radios legales. Aunque la falta de concesiones para sectores ligados a la ciudadanía hace que estas radios se hagan, en muchas comunidades, necesarias a pesar de estar fuera de la ley.
Uno de los principales críticos de las radios comunitarias es la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), entidad que agrupa a las estaciones comerciales del país. Luis Pardo, su presidente, declaró: “Hemos participado en más de 100 denuncias de radios ilegales y en ninguna se ha llegado la sanción de cárcel y tampoco se han establecido multas” en la mayoría de los casos, “sólo en casos especiales”. Además explicó que el artículo 36 letra B de la ley de telecomunicaciones, es principalmente para realizar pericias legales.
Pardo justifica el cierre y el artículo de la ley, porque que no puede ocurrir lo que pasa en la capital de Argentina, Buenos Aires, donde según él, existen 600 radios ilegales. “Ahí no se puede escuchar radio”, dice el dirigente de la Archi, quien además es empresario radial.
La declaración de Pardo, según
Pía Matta, presidenta de la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (
Amarc), “es totalmente liviana, porque uno va con una radio a pilas y se baja del avión en Buenos Aires y puede escuchar cualquier radio, de muy buena calidad en el dial FM o AM. Lo que dice este señor es para justificar que un reducido grupo de la sociedad conserve el privilegio de transmitir por ondas radiales”.
Matta, quien también es directora de la
Corporación La Morada, enfatiza en que el hecho de que haya habido un grupo de empresarios que se hicieron de unas concesiones en los años en que no era posible para las comunidades acceder a la infraestructura que permite transmitir, no significa que siempre deba ser así: “Esto es un bien de uso público. No se trata de quién llegó primero, sino de cómo logramos que se garantice el derecho a la libertad de expresión”, recalca.
En 2009 y luego del cierre de la radio Renacer de Lota, la Radio Universidad de Chile -102,5 FM, en Santiago- decidió desafilarse de la Archi, por haber denunciado al medio de comunicación comunitaria ante la Fiscalía. En carta de su director, el Premio Nacional de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, basa su decisión en “la persecución legal y policial manifestada en contra de un conjunto de radios comunitarias del país a quienes se les impide o restringe el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
“ESTA LEY ESTÁ VICIADA”
La aprobación en el Congreso de la nueva Ley de radios comunitarias en Chile es para muchos un vicio de la legislación que regía anteriormente en esta materia. La nueva normativa plantea que de todos los concesionarios con mínima cobertura, aquellos medios con giro comercial no podrían acogerse a esta nueva regulación, quedando sólo aquellos sin fines de lucro. De esta forma, se abría el espectro para que ingresaran todos aquellos actores que transmitían sin una licencia.
Sin embargo, según
Juan Ortega, representante de Chile de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y miembro de la ONG
Educación y Comunicaciones (
ECO), la Subtel informó que todos los concesionarios tienen que traspasar su frecuencia a una organización sin fines de lucro para poder seguir funcionando.
“El espíritu de la ley era ampliar el escenario para que ingresaran actores que antes no podían participar, pero se produce un vicio, porque las radios comerciales saben -y con la venia de la Subtel- que deben pasar su transmisión a organizaciones de base como ONGs, juntas vecinales, entre otras; para seguir funcionando sin ningún problema. Con este vicio presente en la ley, la idea inicial no se cumple y no se va a cumplir”, señala categórico Ortega.
Por otra parte, el director de la Radio 24 de Paine, agrega que “lo que tiene que haber es una regulación pero en todo el espectro radioeléctrico y no localizado en un pequeño porcentaje para las emisoras de mínima cobertura u organizaciones sociales. Los grandes consorcios de radio van a mantener su predominio en el dial”.
En Chile, son seis (6) empresas en el país las que tienen el 70% de las radios, y tres de éstas ocupan el 55% de ese total y concentran el 70% de la publicidad comercial. El trío lo compone el Grupo Dial, Grupo Benzanilla y el grupo español Prisa, éste último tiene 220 frecuencias (30% del espacio radiofónico).
Incluso, el presidente de la Archi, Luis Pardo, dijo que no se oponen “a la concentración de Prisa” y la renovación de sus concesiones.
Por otro lado, Ortega es crítico de la posición de la Archi, ya que según él, busca lucrar con el espacio radial, mientras que las radios comunitarias cumplen un rol más social y cultural. Además, el espacio que abre la nueva ley para las radios comunitaria es tan pequeño que ni si quiera caben las que están concesionadas, señala el representante de
Amarc-Chile.
A esta situación, se le suma la vigencia del polémico artículo 36 B, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones. El presidente de Amarc Chile agrega que “esta nueva ley de radios comunitarias debiese haber contemplado una dimensión que sancionara acordemente a lo que dice la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, esto es, imponiendo faltas administrativas y no de carácter legal”, sentencia Ortega.
Fuente: El Ciudadano, Chile
