El Consejo de Europa está deliberando sobre la posibilidad de negociar un tratado para proteger a los organismos de radiodifusión contra la piratería de señales y, de ese modo, abordar la cuestión tratada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde las negociaciones sobre un tratado de radiodifusión propuesto llegaron a un punto muerto a comienzos de este año. La decisión del Consejo de proceder depende de la aprobación de su Comité de Ministros. El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, Francia, es anterior a la Unión Europea e incluye los países que la conforman.Al necesitar el acuerdo de sólo 47 Estados miembros del continente europeo para aprobar el tratado, el Consejo de Europa podría lograr que las negociaciones tengan el éxito que no pudieron obtener en la OMPI. Los 184 Estados miembros de la OMPI no pudieron ponerse de acuerdo sobre un texto de base para un tratado de radiodifusión después de varios años de debates y cancelaron una conferencia diplomática (una negociación completa) prevista para noviembre. Los países europeos fueron unos de los que más insistieron en que se alcanzara un acuerdo en la OMPI.
Un tratado del Consejo de Europa reforzaría las “recomendaciones” anteriores de la organización sobre la protección de la radiodifusión y de los derechos conexos, dijo Jan Malinowski, director de la División de Medios de Comunicación y Sociedad de la Información del Consejo. Lo haría “al establecer una base jurídica más firme en el derecho internacional [para] proveer orientación a los Estados sobre la forma de regular la cuestión”.Según los expertos del Consejo, la piratería de señales podría plantear un problema, especialmente en el contexto transfronterizo. “Por ejemplo, puede haber programas de televisión cuyo contenido se emite bajo licencia otorgada por los titulares de los derechos de autor para un determinado territorio en el que la señal es captada por un operador de cable y emitida a sus suscriptores en un territorio diferente para el cual no existe una licencia que autorice la distribución de dicho contenido”, explicó Malinowski. Éste fue el tema abordado en una opinión formulada en 2006 por el “Comité Permanente de la Televisión Transfronteriza”. Un tratado proporcionaría una sólida base jurídica para la aplicación de normas de derechos de autor en este tipo de cuestión.“Como en muchos otros casos”, comentó Malinowski, “el Consejo de Europa proporcionaría un marco para el diálogo en el que los Estados elaborarían las normas que desean aplicar, teniendo en cuenta los valores de los derechos humanos y el estado de derecho que representa esta organización”. Si la OMPI había temporalmente y por el motivo que sea “dejado de proveer un espacio así para establecer una respuesta internacional conjunta para proteger los derechos conexos”, el Consejo de Europa tenía la experiencia para facilitar un proceso como ése, añadió.“Tengo la sospecha de que los Estados miembros estarían muy felices si se pudiera solucionar el estancamiento y se reanudaran las negociaciones en la OMPI”, dijo Malinowski a Intellectual Property Watch. “Sin embargo, en este momento muchos desean ver progresar la cuestión en el ámbito del Consejo de Europa”.
La iniciativa de la industria
La Unión Europea de Radiodifusión y varios Estados miembros, “apuntando a un aparente estancamiento en la OMPI, solicitaron al Consejo de Europa tomar el relevo y reanudar las negociaciones sobre esta cuestión”, de acuerdo con Malinowski, quien dijo que la Asociación de Televisión Comercial en Europa también podría apoyar esta iniciativa. El Consejo simplemente continuaría el trabajo que dejó la OMPI cuando inició sus negociaciones sobre el tratado. “Los Estados miembros del Consejo de Europa ya habían considerado la posibilidad de elaborar un tratado sobre derechos conexos, pero habían suspendido la cuestión cuando este tema muy específico fue abordado por la OMPI”, dijo Malinowski.En los últimos 20 años, el Consejo “ha elaborado otros instrumentos destinados a mejorar la protección de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión”. Un ejemplo más reciente es la Recomendación de 2002 (N º R (2002) 7) sobre las medidas para aumentar la protección de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión. En 2001, el Consejo también adoptó un convenio sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, añadió Malinowski.
Las cuestiones de propiedad intelectual en un sentido más general también se abordaron en la Convención sobre el Delito Cibernético del Consejo de Europa que hizo referencia a la infracción del derecho de autor y los derechos conexos en línea o a través de sistemas informáticos. La Convención sobre el Delito Cibernético se promovió con fuerza en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) organizada por las Naciones Unidas y en las dos reuniones posteriores del Foro de Gobernanza de Internet (FGI) como el primer instrumento mundial de lucha contra el delito cibernético.Con respecto a las preocupaciones sobre las normas de acceso equitativo y los posibles efectos colaterales negativos para el Sur expresadas por los países en desarrollo y las organizaciones de derechos civiles durante el debate de la OMPI sobre el tratado de radiodifusión, Malikovski subrayó que “un enfoque centrado en los derechos humanos es igualmente necesario a la hora de examinar el acceso a la educación, al conocimiento, a la investigación y, yo añadiría, también en lo que se refiere a la expresión cultural y artística y el desarrollo científico”.
Fuente: Monika Ermert para Intellectual Property Watch
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