Benoît Hervieu.- En un contexto de repetidas amenazas de cierre y suspensiones de algunas radios comunitarias, Reporteros sin Fronteras (RSF) se ha dirigido a las autoridades federales pidiéndoles que aclaren jurídicamente la situación de ese tipo de medios de comunicación y respeten los acuerdos internacionales, que les protegen. Entre otros muchos, el caso de la emisora Radio Totopo de Juchitán (Estado de Oaxaca, Sur) es un ejemplo de esos incumplimientos.
"El tratamiento actual de la cuestión de los medios comunitarios, que en su inmensa mayoría son radios, pone de manifiesto la arbitrariedad y el absurdo, a la vez. Por una parte, algunas emisoras operan con la etiqueta comunitaria, cuando tienen un formato y unos objetivos comerciales. Sería muy conveniente dotar ya a los medios comunitarios de un marco legal que corresponda a sus criterios. Por otra parte, la concesión de frecuencias sigue funcionando según un régimen discrecional, con frecuencia en detrimento de pequeñas radios comunitarias indígenas, a las que el gobierno debe ayudar en virtud de la Constitución y de ciertos tratados internacionales. En este contexto, el incremento de los embargos, a causa de que una determinada emisora emite ilegalmente, no va a resolver nada. RSF apoyará cualquier enfoque útil que se consiga entre las autoridades y las organizaciones, nacionales e internacionales, que representan a dichos medios", ha declarado la organización.
En Juchitán, en el Estado de Oaxaca, la emisora Radio Totopo emite el 95 % de su programación en lengua zapoteca para cuatro comunidades indígenas de la región. Uno de los coordinadores de la emisora, Carlos Sánchez Martínez, ha compartido con RSF su temor de que se produzca un cierre, después de varias operaciones en ese sentido de la Policía Federal Preventiva (PFP) contra otras catorce radios del mismo sector - que para algunos son comerciales pero se autoproclaman comunitarias -, que tuvieron lugar el 29 de agosto de 2008.
Algunas de las emisoras se han creado por iniciativa del gobernador del Estado, Ulises Ruíz Ortiz, conocido por sus conflictivas relaciones con la prensa local y cuya guardia personal se vio mezclada en el asesinato del camarógrafo norteamericano de la agencia Indymedia Brad Will, ocurrido en el fragor de una grave crisis social y política en el otoño de 2006. El asesinato, el 7 de abril de 2008 en la localidad de Putla de Guerrero, de Teresa Bautista Flores, de 24 años, y Felicitas Martínez, de 20 años, ambas trabajadoras de La Voz que Rompe el Silencio, una radio de la comunidad Trique, alimenta también las preocupaciones de los medios indígenas de Oaxaca. Por otra parte, se trata de un crimen nunca aclarado.
En un nivel más general, como han constatado RSF y otras organizaciones - la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc-México), la Asociación para el Derecho a la Información, Artículo 19 - en la concesión de las frecuencias, y en la orden de cierre de determinados medios, sigue prevaleciendo el carácter discrecional. En el período comprendido entre el 12 de junio y el 17 de julio de 2008, al menos 40 de las 131 frecuencias disponibles se concedieron a radios mayoritariamente comerciales, en detrimento de otras emisoras comunitarias o educativas. Durante el mismo período se cerraron varios medios, o se embargaron sus equipos mediante intervención de la policía federal, como ocurrió el pasado 12 de julio con Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, en el Estado de Guerrero (Sudoeste), o con Radio Tierra y Libertad un mes antes en el de Nuevo León (Noreste). Se rechazaron muchas solicitudes de frecuencia, procedentes de medios similares.
RSF recuerda que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (art.2) impone "establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación". La organización subraya igualmente que, en septiembre de 1990, México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que da a las comunidades indígenas, y a las minorías, derecho a disponer de sus propios medios de comunicación y a disponer de la ayuda necesaria para dotarse de ellos. En tanto que Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), México debe respetar su jurisprudencia y la Declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo artículo 2 consagra el derecho a "recibir, buscar y impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". En el mismo sentido, los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, firmados en febrero de 1996, precisan que "se permita a los pueblos indígenas tener medios de comunicación".
Comunicado de la Red de Solidaridad Internacional de AMARC
México, 9 de septiembre de 2008
Cierre de radios en Oaxaca no es la solución al problema
Ante el cierre de varias emisoras radiofónicas en el estado de Oaxaca y en otras partes del país, las organizaciones firmantes manifestamos que:
Frente al problema del ejercicio de una radiodifusión no permisionada ni concesionada en el país, que tanto preocupa al gobierno federal, aplicar una política de cierre de radios no es la solución de fondo al problema, pues desde hace años existe una legítima demanda de comunidades en situación de vulnerabilidad por ejercer su derecho a la comunicación. Las emisoras que hoy se cierran, tarde o temprano volverán a transmitir: a la sociedad no se le puede callar por la fuerza.
El verdadero problema es que a la ciudadanía se le niega la oportunidad de operar en el ámbito de la legalidad, lo cual es consecuencia de un marco normativo en materia de radio y televisión que permite una profunda discrecionalidad de las autoridades responsables, situación que ha sido marcada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas a la ley en la materia. Por lo tanto, la verdadera solución consiste en hacer una reforma legislativa que garantice la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana en los medios de comunicación de acuerdo a los estándares internacionales emitidos al respecto por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe remarcar además que el reconocimiento y fortalecimiento de la radiodifusión comunitaria se encuentra en el reciente Plan Nacional de Derechos Humanos del gobierno federal.
Por otro lado, las organizaciones firmantes nos encontramos profundamente preocupadas por el uso indebido que se ha dado al concepto de “radio comunitaria”, bajo el cual erróneamente se agrupa a todo tipo de emisoras que operan sin concesión o permiso. Dentro de las emisoras que transmiten sin la autorización necesaria existen las de corte religioso, partidista o gremial, por lo que tienen perfiles y fines distintos a los de la radiodifusión comunitaria.
Entendemos que son radios comunitarias aquellas emisoras que surgen de la comunidad para servir a la comunidad y que cuentan con la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación del mismo. Se trata de medios independientes sin fines de lucro, no gubernamentales, que no realizan proselitismo religioso y no son de propiedad de partidos políticos o empresas comerciales, ni están ni controlados por éstos, y que además tienen como trabajo central apoyar los procesos de desarrollo social local y la defensa de los derechos humanos. Las radios comunitarias han demostrado su vocación social y por ello varias de ellas cuentan con autorización para transmitir.
Las organizaciones firmantes no defendemos la ilegalidad ni apoyamos a ningún medio informativo que opte por la vía de la violencia, sino que pugnamos por que existan condiciones equitativas y democráticas para que todos los sectores de la sociedad ejerzan de manera plena su libertad de expresión, garantizando así al mismo tiempo el derecho al acceso a la información de la ciudadanía. Por ello, conminamos al Estado mexicano a dar una solución de fondo para el responsable ejercicio de la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria, y evitar políticas que a lo único que llevan es a la confrontación que en nada beneficia al país.
Organizaciones firmantes:
* ASOCIACIÓN MUNDIAL DE RADIOS COMUNITARIAS MÉXICO
* ARTICULO 19
* ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN
* COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Fuente: Periodistas, España
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