Las radios comunitarias tachan de "arbitrario" el marco jurídico del reparto de emisoras
El panorama radiofónico de la Islas quedará totalmente en manos de las grandes emisoras comerciales si sale adelante el proyecto de decreto elaborado por el Gobierno de Canarias para el reparto de emisoras, dando la patada a aquellas de contenido más local, cultural y, en todo caso, no comercial. Además, hay juristas que consideran el proyecto nulo de pleno derecho porque vulnera el artículo 53.1 de la Constitución Española, en el sentido de que esta ordenación, al relacionarse con la libertad de expresión y comunicación, debe hacerse por ley y no mediante una norma de rango inferior como es un decreto.
Una de las emisoras afectadas por este proyecto, y muy crítica con el actual Ejecutivo canario que preside Paulino Rivero, Radio San Borondón, ha dedicado uno de sus programas a analizar las consecuencias de este proyecto, interviniendo en él Javier García, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y el abogado de Justicia y Sociedad José Pérez Ventura, entre otros. Javier García, que ha seguido el procedimiento contra un decreto similar en la Comunidad de Madrid y que después de seis años ha logrado tumbarlo, señaló que el proyecto canario para repartir el dial hace gala "de muy poca transparencia".
"Los procedimientos de adjudicación de frecuencias son muy poco democráticos en general", señaló haciendo referencia a que "su marco jurídico se lleva a la práctica de forma arbitraria, sin criterios claros y con amiguismos".
El planteamiento de la citada Asociación es que haya autoridades independientes que intervengan en el reparto para evitar la enorme discrecionalidad con que se está actuando en este ámbito.
Al proyecto apenas se han presentado alegaciones de Izquierda Unida y alguna otra fuerza política minoritaria y esto también concitó las críticas de quienes intervinieron en el programa, ya que el PSOE y el Partido Popular "tienen una política parecida al respecto" y los socialistas canarios no parecen muy interesados en pronunciarse al respecto.
El abogado de Justicia y Sociedad José Pérez Ventura argumentó que el proyecto de decreto "nace con un pecado original básico, que es el de quererse regular una materia que afecta a un derecho fundamental a través de un decreto y no de una ley que pase por el Parlamento de Canarias como sería de rigor" según estos expertos. ´Pufo´ tipo TDT. "Esto terminará en un pufo como el que hemos visto recientemente con las TDT", indicó Pérez Ventura al tiempo que arguía que el proyecto de reparto de emisoras del Gobierno canario "parte de un absoluto desprecio a toda emisora cuyo principio no sea el puro mercantilismo, así todas emitirán publicidad y se borra el sector de los medios radiofónicos alternativos y no comerciales". "Esto es grave porque reduce la libertad de expresión a los cauces mercantilistas y a la consideración de los oyentes como meros consumidores y no personas con espíritu crítico", añadió.
Posición dominante. Se da la circunstancia de que en el Archipiélago no se reparten frecuencias desde 1990 y que es ahora cuando se va a distribuir casi todo el pastel. Anteriormente sí se recogieron las emisoras sin ánimo de lucro, pero no ahora. "El Gobierno de Canarias tiene la posición dominante y una serie de objetivos y va a repartir el mapa radiofónico conforme a ello", adujo el representante de la Asociación de Radios Comunitarias. El resultado será "que el dial pertenecerá a las grandes empresas", lo que atenta "contra la diversidad", de la que las Islas son un buen ejemplo.
Y es que el concurso en sí mismo no excluye expresamente a las emisoras comunitarias, pero hace muy difícil que puedan concurrir, de ahí que esté en la idea de quienes se oponen a este decreto luchar jurídicamente contra él hasta lograr tumbarlo tal y como ha sucedido con uno similar en la Comunidad de Madrid.
Según ambos analistas, la consecuencia de este decreto, si sale adelante, es que las emisoras no comerciales quedarán proscritas en un mínimo hueco del dial y condenadas a competir entre sí como en una especie de selva. Situación que ya es así en otras comunidades autónomas. Para Javier García, la situación contribuye "a vaciar de sentido la Constitución Española" dado que la libertad de expresión cumple un papel fundamental "y esto atenta contra ella".
Fuente: La Opinión, España
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