Ocho nacionalidades indígenas de 14 existentes en el país presentaron los documentos necesarios para acceder a una frecuencia de radio. Las otras seis tienen plazo hasta el jueves para entregar los papeles que les faltan. Luego de ello, se conformará una Comisión -con funcionarios de la Secretaría Nacional de Pueblos y Movimientos Sociales- que evaluará las propuestas presentadas por las nacionalidades.Es decir, se analizará la programación que se transmitirá, la participación de la comunidad, el objetivo de la difusión, el alcance, etc. En 15 ó 20 días más se resolverá qué grupos recibirán las frecuencias.
El siguiente paso será la dotación de equipos para montar las estaciones de radio. El Ministerio Coordinador de la Política entregará cerca de USD 60 000 por nacionalidad, para adquirir los implementos técnicos. A la par, la Secretaría de Pueblos, en convenio con Ciespal, capacitará a las personas que trabajarán en las radios. Se les instruirá en locución, sonorización, edición... Para esto se destinarán alrededor de USD 18 000, que serán entregados por la Secretaría.
Pero la intención es esperar hasta que la nueva Ley de Comunicación sea aprobada, para que la concesión de frecuencias se rija bajo los parámetros de la nueva normativa. En ese proyecto legal se establece que las concesiones se renueven cada 10 años.
Este es uno de los temas que motivó la presentación de una acción de protección por parte del Movimiento Campesino e Indígena de Cotopaxi (MICC).
Esta organización considera que el proyecto de ley medios debe ser consultado con los pueblos y nacionalidades indígenas, pues involucra la ejecución de sus derechos. El sábado se realizó la audiencia para decidir si procede o no el recurso constitucional. Si el juez Quinto de lo Civil de Pujilí, Edwin Palma, acepta la acción, el proyecto de ley deberá ser sometido a consulta prelegislativa a todos los pueblos indígenas.
Sin embargo, para Orlando Pérez, subsecretario de Pueblos, la entrega de las radios forma parte del proyecto político para democratizar la comunicación y dotar de herramientas de difusión a las nacionalidades. Con esto trata de evitar los cuestionamientos que ha hecho la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que aseguró que el Gobierno está tratando de comprar conciencias de un grupo de dirigentes indígenas y así frenar las protestas que han protagonizado contra algunas de las decisiones estatales.
José Acacho, presidente de la Federación Shuar y gerente de radio Arutam, cree que la intención del Gobierno es distraer a los indígenas y dividirlos. “La entrega de frecuencias es un proyecto demagógico y populista, pues no existe un estudio técnico ni jurídico que sustente su operatividad”.
El dirigente sostuvo que si la propuesta del Gobierno es entregar frecuencias a nacionalidades con más de 100 000 miembros, las únicas beneficiarias serían la Shuar, que tiene 110 000 personas, y la Kichwa, que cuenta con más de 1 115 000 miembros.
En cambio, otras como Siona, Secoya, Zápara y Epera no pasan de 50 000 personas, por lo que quedarían fuera del plan. No obstante, Pérez recalcó que se han aceptado las propuestas de nacionalidades que agrupan a 20 familias, por lo que el alcance y el público objetivo no es una limitación para entregar frecuencias. Además, señaló que la nacionalidad Shuar, que dirige Acacho, ya ha entregado 12 de los 13 documentos exigidos.
El Subsecretario manifestó que la mayoría de dirigentes indígenas del país está a favor del diálogo y ha aceptado participar en el proyecto, porque lo miran como una posibilidad de comunicarse en su propia lengua. Él cita como ejemplo a la nacionalidad Awá, que en mayo presentó su propuesta para obtener una frecuencia. Daniel Pai, presidente de la Federación de Centros Awá de Ecuador, entregó un documento de 100 hojas, donde constaban las especificaciones técnicas, mapas del área de cobertura, lugar en donde estará el transmisor, etc.
El nombre propuesto por los Awá para la radio es ‘Ampara su’ que en idioma awapit significa Cuarto mundo. De los 13 requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la mayoría los ha entregado. Algunos aún no repiten las partidas de nacimiento, certificados de votación, entre otros. La única nacionalidad que solo ha presentado cuatro requisitos es la Andoa. Este grupo desistió de acceder a una frecuencia de radio.
Fuente: El Comercio, Ecuador
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