El Centro de la Cultura Popular Canaria y Radio San Borondón, ante las informaciones difundidas acerca de unas actuaciones de la Guardia Civil, en las que, al amparo de sendas resoluciones judiciales de entrada y registro, solicitadas por la fuerza actuante y dictadas por el Juzgado de Instrucción Número Seis, de Telde, por un presunto delito contra la “propiedad intelectual”, en las sedes de tres emisoras de radio (Canal Telde –ésta emisora municipal-, Radio Cibelio y PCL Radio), han dado lugar, el pasado día lunes 12 de julio, a la detención de nueve personas vinculadas a dichas emisoras que se encontraban en dichas sedes respectivas y al precinto de “todos los medios técnicos que posibilitaban la emisión de la programación normal de esas estaciones: servicios informativos, espacios divulgativos, culturales o de entretenimiento, entrevistas, reportajes...”, lo que significó que tales medios de comunicación dejaran de emitir, manifestamos lo siguiente:1.- El derecho a la propiedad privada ( “propiedad intelectual”) no es un derecho fundamental, según la Constitución Española. En cambio, los derechos a la libertad de expresión y a la información, que constituyen la libertad de prensa, necesaria para la conformación de una opinión libre, plural y democrática en un estado social y democrático de derecho, si son derechos fundamentales. Por tanto, el derecho a la propiedad privada intelectual invocada, no puede subordinar ni estar por encima de la libertad de prensa. Debiéndose saber que, los medios idóneos y principales en la sociedad actual para el efectivo ejercicio de la libertad de prensa para conseguir el fin constitucional y democrático aludido, son los medios de comunicación. Entre los que están las emisoras de radio.
2.- En el caso que, las resoluciones judiciales que han autorizado la entrada y registro en las sedes de las emisoras de radio mencionadas no hayan ponderado la afectación o supresión, con la actuación de la Guardia Civil, del derecho fundamental a la libertad de prensa, sin darle a ésta un valor preferente de protección sobre la propiedad privada, estaríamos ante una infracción constitucional de derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a la información. En ese caso, se debería actuar por quienes está legitimados hacerlo, en primer lugar, por la propia Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a fin de recabar información sobre lo sucedido e informar a la opinión publica. Independientemente de otras acciones, si procedieran, en defensa de la legalidad y de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
3.- El respeto por los poderes públicos a la libertad de prensa en Canarias es una de las exigencias democráticas en la lucha contra la corrupción. No cabe, por tanto, en ningún caso producir una especie de “ley mordaza” o “autocensura” para quienes ejercen labores informativas dirigidas a la opinión pública, con peticiones desmesuradas de prisión o indemnizatorias, que finalmente son desestimadas por los tribunales, sin ningún tipo de consecuencias para quien las ejercitó. Como tampoco cabe detenciones contra personal que ejerce en ese momento labores de información a la sociedad, que finalmente puedan resultar desproporcionadas e injustificadas. Ni utilizar instrumentos normativos ( “decretazos”) o a los poderes públicos para eliminar emisoras de radio u otros medios de comunicación, que ofrecen una información alternativa, crítica y veraz .
4.- Por último, ante estos y otros hechos, que someramente hemos enunciado, que afectan a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al derecho a la información, llamamos a la ciudadanía a permanecer alerta y a no dejarse arrebatar las libertades políticas que la Constitución Española consagra. Además que, a los encargados institucionalmente de proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas, que cumplan con tan alta y digna función en favor del interés social.
Fuente: Revista Digital San Borondón
2.- En el caso que, las resoluciones judiciales que han autorizado la entrada y registro en las sedes de las emisoras de radio mencionadas no hayan ponderado la afectación o supresión, con la actuación de la Guardia Civil, del derecho fundamental a la libertad de prensa, sin darle a ésta un valor preferente de protección sobre la propiedad privada, estaríamos ante una infracción constitucional de derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a la información. En ese caso, se debería actuar por quienes está legitimados hacerlo, en primer lugar, por la propia Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a fin de recabar información sobre lo sucedido e informar a la opinión publica. Independientemente de otras acciones, si procedieran, en defensa de la legalidad y de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
3.- El respeto por los poderes públicos a la libertad de prensa en Canarias es una de las exigencias democráticas en la lucha contra la corrupción. No cabe, por tanto, en ningún caso producir una especie de “ley mordaza” o “autocensura” para quienes ejercen labores informativas dirigidas a la opinión pública, con peticiones desmesuradas de prisión o indemnizatorias, que finalmente son desestimadas por los tribunales, sin ningún tipo de consecuencias para quien las ejercitó. Como tampoco cabe detenciones contra personal que ejerce en ese momento labores de información a la sociedad, que finalmente puedan resultar desproporcionadas e injustificadas. Ni utilizar instrumentos normativos ( “decretazos”) o a los poderes públicos para eliminar emisoras de radio u otros medios de comunicación, que ofrecen una información alternativa, crítica y veraz .
4.- Por último, ante estos y otros hechos, que someramente hemos enunciado, que afectan a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al derecho a la información, llamamos a la ciudadanía a permanecer alerta y a no dejarse arrebatar las libertades políticas que la Constitución Española consagra. Además que, a los encargados institucionalmente de proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas, que cumplan con tan alta y digna función en favor del interés social.
Fuente: Revista Digital San Borondón
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