La polémica norma obliga al grupo Clarín y a otros privados a vender sus emisoras en el lapso de un añoLa ofensiva del Gobierno de Cristina Fernández contra los medios de comunicación de Argentina continúa. El miércoles pasado, la mandataria firmó para que la polémica norma que rige el sector se publique en el Registro oficial y entre en vigor.
La nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual obliga al grupo multimedios Clarín, el más grande del país, y a otros a vender parte de sus emisoras en el plazo de un año.
El texto de la normativa establece que los dueños de los medios de comunicación no pueden tener más de 10 licencias de radio y televisión. Además, prohíbe a una empresa que posee un canal abierto ser también propietaria de un servicio de televisión por cable en la misma localidad.
Otro de los artículos de esta ley obliga a los dueños de los medios a desprenderse del excedente en el plazo de 12 meses.
Sin embargo, lo que más sorprendió es que el Gobierno argentino promulgara la polémica ley de medios, sancionada en octubre del año pasado por el Congreso argentino, a pesar de que existen cuatro recursos de amparo judiciales que han suspendido la aplicación de algunos o todos sus artículos.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, Gabriel Mariotto, citado por el diario español El País, explicó que tras la publicación de la reglamentación en el Registro Oficial, todos los artículos de la ley pueden ser aplicados.
Sin embargo, el abogado constitucionalista entrevistado por el cotidiano argentino El Clarín, Daniel Sabsay, aseguró que solo pueden entrar en vigor los artículos de la ley que no fueron suspendidos por la Justicia.
Según El País, la puesta en marcha de la ley es una acción más en la batalla entre el Gobierno de Fernández y el grupo el Clarín -que también mantuvo tensas relaciones con el ex presidente Néstor Kirchner (esposo de la actual mandataria) que inició con el conflicto agrario de 2008, después de cuatro años de relaciones muy amistosas.
La última medida hostil del Gobierno de Kirchner (2003-2007) fue la aprobación de la fusión de la operadora de televisión por cable del Clarín con su principal competidora.
Semanas atrás, el Gobierno canceló por presuntas irregularidades la licencia de la firma Fibertel, también del grupo Clarín, que controla el mercado de los servicios de Internet en el país.
En 2009, el Régimen quitó al grupo la licencia exclusiva de transmisión por paga de partidos del fútbol argentino y se la transfirió a la televisión pública.
Para culminar, el Gobierno argentino llevó al Congreso el viernes pasado un proyecto de ley para declarar de interés público la producción, distribución y comercialización de papel para diarios, lo que fue rechazado por la bancada opositora. (VET-AFP)
Justicia falla a favor de medios
La Justicia argentina asestó un revés al Gobierno de Cristina Fernández al ordenar el cese de la intervención judicial dispuesta a su pedido en la empresa mixta Papel Prensa, cuyos socios mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación. El fallo revoca la intervención dispuesta en marzo pasado por el Poder Ejecutivo al aludir supuestas irregularidades administrativas en detrimento de los intereses del Estado, socio de Papel Prensa en un 27,46%. El grupo Clarín posee el 49% y La Nación el 22% de las acciones de la firma que produce papel para periódicos. La decisión judicial se enmarca en un abierto enfrentamiento entre el Gobierno y los grandes diarios que acusan a Fernández de buscar limitar la libertad de prensa. El Gobierno acusa a Clarín y La Nación de haber actuado en supuesta complicidad con la dictadura (1976-83) para adueñarse en 1976 de Papel Prensa.
Fuente: Diario HOY, Ecuador
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