Desde 2010, Afsca autorizó 1256 radios, canales de TV y cable, 1176 de los cuales pertenecen a entes gubernamentales
Desde la sanción de la ley de servicios de
comunicación audiovisual y hasta el 31 de enero pasado se autorizaron
1256 nuevos medios con base en ese marco regulatorio. Sin embargo, lejos
de la pluralidad de voces prometida hace cuatro años cuando se aprobó
la norma, el 94% son emisoras de radio y televisión estatales, la
mayoría de baja cobertura. En concreto, 1073 son FM de municipios de 23
provincias (están excluidas las comunas de la Capital Federal); 90 FM de
escuelas (casi todas de nivel secundario); cinco FM, de universidades y
cuatro de estados provinciales; además, se autorizaron dos canales de
TV abierta (uno para el gobierno de Chaco y otro de la facultad regional
de Río Gallegos de UTN), entre otros casos.
La gran mayoría de estos medios aún no comenzó a transmitir, para lo que se requiere una habilitación adicional de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(Afsca), que busca aumentar ese guarismo ofreciendo créditos blandos a
los municipios para que armen sus radios. En otros casos, se trata de
emisoras que ya existían -incluso desde hacía muchos años-, como la
campesina FM 88.7 Radio Occap (San José de Boquerón, Santiago del
Estero), que transmite desde hace una década, pero recién desde
diciembre pasado lo hace legalmente.
Sólo 80 nuevos medios autorizados no pertenecen a algún
ámbito estatal: 27 son de particulares o empresas, 30 de cooperativas
(casi todas de servicios públicos que buscan incorporar a su oferta la
TV por cable que hasta 2009 tenían vedada), 17 de comunidades aborígenes
(incluido el canal de TV abierta Wall Kintun, de Bariloche, inaugurado
el fallido 7-D) y sólo seis de organizaciones sin fines de lucro (para
las cuales la ley reserva el 33% de las frecuencias). De las 30
cooperativas autorizadas, sólo una está dando servicio de TV por cable,
en Santa Rosa, La Pampa, donde tiene 3800 clientes y compite con
Cablevisión (Grupo Clarín). Las demás esperan el visto bueno de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) o la habilitación
definitiva de Afsca. Celta TV, de Tres Arroyos, recién inauguró su
servicio el pasado martes 23.
Este magro resultado no tiene relación con la causa
judicial -ahora en la Corte Suprema- que analiza la constitucionalidad
de cuatro artículos de la ley, que sólo aplican al caso Clarín. Para
este balance LA NACION analizó 729 resoluciones de Afsca desde enero de
2010 hasta el mismo mes de este año, todas publicadas en su página web.
En esas disposiciones se adjudican, asignan o autorizan medios mediante
distinto tipo de permisos (licencias y autorizaciones, según la ley).
De esas resoluciones, sólo 204 crean medios con base en
el nuevo marco regulatorio, mientras las 525 restantes corresponden a
expedientes iniciados por el extinto Comité Federal de Radiodifusión
(Comfer), predecesor de Afsca, y se rigen mayormente por el decreto-ley
de la última dictadura. Entre esos trámites, los más antiguos fueron
iniciados en 1991, 1993 y 1997. Desde 2010, se autorizaron 526 nuevos
medios que tienen origen jurídico en la norma anterior, muchos de los
cuales son fruto de concursos públicos realizados por el Comfer en 2003,
2005 y 2006. En cambio, los medios hijos de la nueva ley no son fruto
de concursos, sino de adjudicaciones directas. El hasta ahora único
concurso para otorgar licencias de TV abierta con base en la nueva ley
fue dejado "sin efecto" el 23 de julio de 2012 por falta de interesados y
no volvió a convocarse, a pesar del plazo de 30 días que el propio
Gobierno se dio a sí mismo para hacer un nuevo llamado. No hubo ninguna
licitación para emisoras AM y los concursos que se abrieron en agosto
pasado para FM en algunas provincias donde hay espectro radioeléctrico
disponible aún no se cerraron y, por lo tanto, no han producido
adjudicaciones.
De todos los medios autorizados con la nueva ley, el
95,3% son FM de alcance local (1198), la gran mayoría de las cuales aún
no emite; 52 de televisión por cable (entre ellas dos de Supercanal,
operadora del grupo Manzano-Vila, que está excedido en cantidad de
licencias y deberá vender varias cuando Afsca apruebe su plan de
adecuación). Fue Supercanal el beneficiado con la licencia más valiosa
de todas las entregadas por Afsca con la nueva ley como marco: el
permiso para operar TV por cable en Rosario, la tercera ciudad del país.
Entre los pocos privados que también obtuvieron licencias de acuerdo
con la ley están el grupo Ick, de Santiago del Estero, que también
espera la autorización de Afsca para su "adecuación".
A pesar de la fuerte propaganda que se hizo en su
momento sobre la reserva del 33% del espectro para emisoras no
comerciales, en estos cuatro años apenas se registran seis casos de
entidades aprobadas para operar, entre ellas, la Fundación Abrojos
Colectivo de Educación Popular (Raco, Tucumán), que preside Eva
Fontdevila, hija de "Pimpi" Colombo, mano derecha del
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno .
Completamente fuera de este recuento quedan muchos
medios surgidos en los últimos años, pero que funcionan al margen de la
ley gracias a medidas cautelares o a excepciones establecidas por la
presidenta Cristina Kirchner. Por ejemplo, en TV abierta se puede ver en
la Capital Federal el canal Construir TV, de la Uocra, cuyo
funcionamiento fue autorizado por una medida cautelar en 2004. Los
canales 360TV, de los dueños de Electroingeniería; CN23, de Sergio
Szpolski y Matías Garfunkel, y C5N, de Cristóbal López, emiten en TV
abierta digital en el 82% del país por invitación del Poder Ejecutivo, a
pesar de que no tienen licencia ni participaron de ningún concurso, tal
como exige la ley, que además prevé que los privados sólo pueden llegar
hasta el 35% de la población como máximo.
Entre los aborígenes siguen los reclamos de
organizaciones no alineadas con el kirchnerismo -como el Consejo
Nacional Indígena- que piden que las autorizaciones se entreguen a los
pueblos originarios registrados en el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) y no entre simples organizaciones con integrantes
aborígenes, como está ocurriendo con la Coordinadora de Comunicación
Audiovisual Indígena, a la que pertenecen la mayoría de las emisoras
autorizadas.
Críticas de Freedom House
WASHINGTON.- En su habitual informe sobre la libertad
de expresión en el mundo, la ONG Freedom House incluyó un crítico
capítulo sobre nuestro país, en el que afirma que durante el año pasado
el clima para ejercer ese derecho básico "siguió deteriorándose" por
presiones del Gobierno, al que, entre otras cosas, acusó de ejercer
"censura indirecta" por su "manipulación" de la pauta oficial.
El gobierno de Cristina Kirchner "limita, en los hechos
y en forma permanente, la libertad de prensa", dice el informe. "El
ambiente para ese ejercicio se deterioró más durante todo el año
pasado", añade. Este deterioro se produjo "al ritmo en que el Gobierno
realiza
campañas contra periodistas críticos , usualmente, valiéndose para ello de medios públicos", sostiene.
Fuente: La Nación, Argentina
