Esta categoría de estaciones fue definida por CONATEL mediante resolución número NR022/05 del 31 de agosto del año 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de septiembre del mismo año. Sin embargo con la nueva resolución esta medida queda sin valor de efecto y con ello se frena la apertura de nuevas radios. En la actualidad, en este rango de frecuencias, operan en nuestro país alrededor de 40 radios comunitarias o alternativas, que prestan un servicio comunicativo solidario a las demandas sociales de las comunidades donde están instaladas.
Alfredo López representante para Honduras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC –ALC), expresó a C-Libre que esta acción de CONATEL tiene “como finalidad coartar la libertad de expresión de la comunidades más pobres de Honduras, al vedarles el derecho de crear sus propios medios de comunicación”. Por otra parte asegura que esta disposición busca fortalecer el “monopolio del espectro radiofónico por parte de los grupos de poder comunicativo que tendieron un cerco mediático y financiaron el Golpe de Estado de 2009”.
En efecto la resolución de CONATEL es categórica al establecer que “únicamente se podrá autorizar la reutilización de una determinada frecuencia radioeléctrica que sea solicitada por un operador del Servicio de Radiodifusión Sonora, que tenga autorizado una frecuencia que no está dentro de la categoría de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, con el fin de reutilizar la misma como repetidora de la estación de radiodifusión principal (primaria), con la misma programación y el mismo nombre”.
El también directivo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), informó que están trabajando en un anteproyecto que faculte el reconocimiento de las radios comunitarias y alternativas en la legislación hondureña, basados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado y ratificado por Honduras, en donde se reconoce a los pueblos indígenas y afro descendientes el derecho de contar con sus propios instrumentos de comunicación.
La situación del derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 72 de la Constitución de la Republica, ha empeorado en el año 2011, a pesar de los compromisos que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa formalizó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 4 de noviembre de 2010 y que ratificó el 17 de marzo de 2011 ante el mismo organismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Entre los compromisos sobresalen el de investigar los asesinatos y agresiones a periodistas así como el de garantizar mediante la reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, el reconocimiento de los medios comunitarios existentes en el país.
Al respecto el gobierno hondureño se comprometió a generar un debate en el Congreso Nacional con la participación de la sociedad civil para modificar su legislación en telecomunicaciones en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos. A su vez se señaló el tema de acceso a la información como parte fundamental para ejercer y cumplir la libertad de expresión.
C-Libre emitió una alerta el 4 de febrero de 2011, donde advertía de las intenciones de CONATEL al poner a consulta, en su sitio web, un anteproyecto de resolución cuyo propósito era suspender el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de estaciones de radio de baja potencia, justificando tal decisión en una saturación del espectro radiofónico.
Fuente: Revistazo, Honduras
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