El país ya ha vivido experiencias que son muy riesgosas, como la quiebra de los grupos financieros que concentraban estaciones de radio y televisión en provecho de sus intereses
Por Namphi Rodríguez / El Caribe
Pese a que la Ley 153-98, de Telecomunicaciones, regula lo concerniente al sistema de otorgamiento de concesiones y aspectos técnicos para la operación de frecuencias de radio y televisión, en el país se hace necesaria la aprobación de una legislación que rija los aspectos referentes al contenido de las emisiones de radio y televisión.
Contrario a lo que había pasado con la vieja Ley 118, de Telecomunicaciones, el actual marco regulatorio del sector es el resultado de la confrontación que se produjo a principios de los años 90 entre las compañías telefónicas con la apertura de la competencia no regulada de ese sector.
Eso obligó a que se retomara un proyecto de ley que había promovido en el país el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), que es la actual Ley General de Telecomunicaciones que creó el Indotel como órgano regulador.
La vigente Ley General de Telecomunicaciones ha instituido un marco jurídico muy focalizado en los problemas de los servicios finales y de las telefónicas, apenas tocando el tema del régimen de concesiones de la radio y la televisión y dejando de lado aspectos clave de los contenidos de los medios electrónicos.
Ello hace que el Indotel, frecuentemente, cuando es apoderado de controversias relacionadas con las programaciones de la radio y la televisión se declare incompetente, por carecer de un mandato legal sobre esos asuntos.
Una ley de radio y televisión deberá aclarar aspectos como la responsabilidad de los concesionarios (dueños de frecuencias) en las cartas de programación, a fin de que se observen principios como la veracidad de las emisiones, que las informaciones que se sirven sean adecuadas y equilibradas, así como hacer efectivas las normas de protección de la juventud y la infancia.
Asimismo, esa ley deberá pronunciarse sobre el problema del monopolio y concentración de frecuencia para explotar señales de radio y televisión.
Sobre este controversial tema, el país ya ha vivido experiencias que son muy riesgosas, como la quiebra de los grupos financieros que concentraban grandes cantidades de estaciones de radio y televisión en provecho de sus intereses.
Está demostrado que la concentración de medios es un arma letal contra el pluralismo político y económico que proclama la Constitución de la República.
Igualmente, una ley sobre esta materia debe darle algún significado práctico al principio del artículo 8, inciso 6 de la Constitución, respecto a la salud mental de los ciudadanos, de forma que se limiten los programas que promueven sexo y violencia.
En beneficio de los ciudadanos, existe la necesidad de regular expresamente el derecho a rectificación o respuesta en los medios electrónicos, de forma que se permita que alguien que se sienta afectado por una información erróneamente difundida haga su aclaración de manera íntegra y sin ser despreciado o menoscabado como pasa en algunos medios.
El corolario de todas estas reformas debe ser la creación un organismo regulador eficiente, compuesto por funcionarios públicos y por representantes de las diversas entidades que concurren en la industria de los medios, para así suprimir la vieja Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Fuente: El Caribe, República Dominicana
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