Redistribuir las frecuencias de radio y televisión están contempladas en el título VI del proyecto de Ley de Comunicación. El objetivo de esta apartado es revertir la lógica que nació en 1975, con la primera Ley de Radio y Televisión (durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara).
Esa ley, que se reformó en 1995, con Sixto Durán Ballén, dejó en manos privadas la mayor parte de frecuencias (el 85%). El órgano que se encargó de la repartición del espectro radioeléctrico fue el desaparecido Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), que contaba con un representante de las Fuerzas Armadas.
José Ignacio López, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas, participó en una auditoría de las concesiones de frecuencias de radio y televisión entre 1995 y 2008. La investigación dice que se otorgaron 400 concesiones irregulares en ese tiempo.
La Ley de Comunicación, que la Asamblea discutirá en breve, plantea, en su art. 112, que un 33% de las frecuencias se entregue a los medios privados, un 33% a los públicos, y un 34% a los comunitarios.
El Estado ya ha hecho camino en este sentido. A través de la Secretaría de Pueblos, en 2010, se creó la red de medios comunitarios, que hasta el 2015 quiere tener con 54 radios comunitarias. Desde abril pasado ya están en el aire 14 radios. Una de ellas es la radio "Somba Pa-min" de los tsáchilas. Su nombre, en lengua tsafiki, significa "hablando fuerte".
Esta emisora ya tiene programación en lengua nativa de 08:00 a 18:00. Siete personas están involucradas en el proyecto. Daniel Aguavil, que traduce las sabatinas, dice que tienen programas que hablan de sus costumbres y que los escuchan en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Pichincha.
El público
Ciudadanía a favor de redistribución
El planteamiento de entregar frecuencias de radio y televisión en partes equitativas a los sectores privado, público y comunitario tiene buena acogida entre la ciudadanía. Ronald López, estudiante de un posgrado de Marketing, dice que "la comunicación debe tener varias aristas y con la ley se permite más participación", dice y añade que "el público tiene que tener un espacio para comunicar y los medios privados no siempre nos
dan espacio".
Pero pide que se organice una especie de 'workshop' para informar y también para receptar las ideas de todos los grupos de la sociedad. "Debería haber un filtro bueno para saber quiénes obtendrán una frecuencia de radio o de televisión", concluye.
Para Sacha Rosero, del portal Ovatalosonline.com, dice que "el hecho de democratizar las frecuencias es importante para el resto de la ciudadanía que no ha tenido acceso a los propios medios de comunicación", dice y hace una observación. "Es un acierto redistribuir, pero no quiero decir que se quiten las frecuencias a los medios
privados que hacen su trabajo de comunicación y esto también es importante para la democracia".
Los medios
Temor por entrega de frecuencias
Para el sector privado hay una pregunta que no se ha respondido: ¿Cómo se va a hacer la redistribución? La ley indica que habrá un concurso para los medios privados y los comunitarios, y que a los medios públicos se les entregará directamente el porcentaje de frecuencias que les toca.
A Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) le preocupa los damnificados de esa reducción del 85 al 33% de la participación privada en el espectro. "Está bien que se norme, pero la gran mayoría son empresas familiares, medios locales y regionales y su sustento económico está basado en los ingresos que
tienen, por eso preguntamos cómo van a redistribuir".
José Ignacio López, de Radialistas Apasionados y Apasionadas, hace una advertencia sobre la concesión de frecuencias. "Cuando defendemos el 33% para los medios públicos no hablamos de medios gobierneros, y y cuando hablamos del 34% para el sector comunitario nos referimos a todas las organizaciones y movimientos sociales, no solo a los que apoyan a un partido político. En el sector comunitario tienen que estar todos".
El estado regulador
La ley es por la democratización
Las voces oficialistas señalan que la ley es por la democratización de la información y de las fuentes de información. "Hasta ahora hemos tenido un monopolio de los medios privados y esto impide que los ciudadanos tengan distintas perspectivas del tratamiento de la información. Además, no podemos negar que los medios de comunicación son un poder y como todo poder debe ser regulado", señala Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País. Para el bloque gobiernista, cuando se divida el espectro en 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios -que hasta han estado relegados- se avanza en la democratizacion. "Los ciudadados van a acceder a la información desde distintas partes y criterios para tener una posición", añade Hernández.
El Ministerio de Telecomunicaciones, a través de su departamento de comunicación, no ha querido pronunciarse sobre la regulación del espectro. "Todo lo que se relaciona con la Ley de Comunicación es un tema que se encuentra como proyecto de Ley, que será analizado en la Asamblea Nacional", dijeron en un correo electrónico.
En Argentina
La Ley de Medios Audiovisuales de Argentina, de 157 artículos, comprende, entre otros aspectos, "el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización de las nuevas tecnologías de la información". Se norma que un concesionario tenga solo 10 frecuencias por 10 años. En Ecuador se propone dar una frecuencia por concesionario por 15 años renovables.
NOTA ORIGINAL
Fuente: Diario EL COMERCIO, Ecuador
