El responsable del área de Planeamiento Estratéfico de la AFSCA, Luis Lázzaro, advirtió al referirse a la distribución de emisoras radiales para nuestra provincia que hay “dos limitaciones: una técnica, del espectro radioeléctrico; y la otra referida a la sustentabilidad”.
Así, admitió que uno de los efectos de la Ley de Medios gestada para multiplicar las voces, podría ser la ausencia de algunas emisoras de FM una vez que comience la regulación. En Santa Rosa hay unas 70 radios FM, de las cuales sólo cuentan con licencia legal una docena.
Lázzaro también dijo que habrá controles referidos a la programación, ya que la ley también prevé -entre otros aspectos de impacto- que haya producción local.
El funcionario dará una charla sobre aplicación de la Ley de Medios el próximo miércoles a las 17 horas en el Centro Municipal de Cultura. También estará el periodista Néstor Piccone.
Lázzaro habló ayer con el programa radial “Bajá un Cambio” (FM Sonar). Describió la tarea de la AFSCA como la de afrontar “los problemas que tenía la democracia en general y en el plano comunicacional para modificar la estructura hegemónico-monopólica que ha tenido la comunicación en la Argentina. Es un paso trascendental y no se puede resolver de un día para el otro”.
“Esta es la historia de una larga serie de claudicaciones del poder político frente a los medios, sobre todo en los ‘90, cuando la política se puso de rodillas frente a los distintos poderes; fue la década de la enorme concentración de medios. Poder recuperar una autonomía desde una mirada integral y de la sociedad es trascendental, hasta ahora el Estado se había limitado a generar mecanismos para favorecer la concentración; pero no cumplió con su responsabilidad de administrar el espectro radioeléctrico, permitió hacer fusiones a los grandes grupos”, señaló.
Describió que durante estos años “no hubo procesos de normalización, no se otorgaron licencias, se permitió que los grupos corporativos de grandes estructuras presionaran para que no se regularizara la situación, se generó un estado de absoluta anarquía y descontrol”.
Acerca de la situación en La Pampa y Santa Rosa, donde hay una notable proliferación de FM no legales, Lázzaro planteó que “hay básicamente dos limitaciones: una, que tiene poca solución, es técnica. En el espectro radioeléctrico, que es un recurso natural, no entra lo que uno quiere sino lo posible, es un límite que está más allá de la voluntad o del deseo.
Estamos trabajando con emisoras de baja potencia porque pensamos que la planificación con potencias más chicas permite usar el espectro de la mejor manera posible, incluir la mayor cantidad de posiciones que se pueda, entonces vamos por la positiva, tratando de que se pueda resolver”.
“El otro tema que nos excede un poco, pero tiene que ver con decisiones políticas, es la sustentabilidad. Uno tiene que pensar que este sistema nuevo tiene que buscar una ecuación que permita tanto el acceso a determinados sectores o niveles de pauta privada, oficial, como instrumentos de gestión económica que hagan que esto sea posible. Nosotros tampoco podemos convertirnos en función de un discurso que suscribimos, en el funcionamiento económico de cada emisora del país”, añadió.
Después anticipó que “se va a controlar (el cumplimiento de la ley), tiene que ver con la estructura de funcionamiento nuestra. Lo que pasó es que el año pasado, al no haber presupuesto, se pateó un año más el que estaba y en esa presupuesta la AFSCA no existía, tuvimos que sobrevivir con la misma estructura, que es insuficiente. Ahora estamos esperando que el Ejecutivo tenga ese instrumento para desplegar a nivel regional y local herramientas de fiscalización”.
También señaló, sobre el financiamiento de aquellos medios sin fines de lucro: “Estamos buscando líneas de créditos, distintos programas de promoción, pero nada que implique una afectación fiscal se puede resolver sin pasar por el Congreso. Ahí hemos incluido un fondo de promoción orientado sobre todo a zonas rurales y pueblos originarios. Estamos apostando también al sector cooperativo en lo que es la producción de contenidos como la articulación de los programas de polos y nodos como lugares de formación y producción de contenidos”.
Advirtió, desde ya, que “si no se desconcentra la estructura productiva que hace que toda la torta publicitaria y la crema del negocio esté en manos de un solo grupo, es muy difícil que el sistema funcione de otra manera”.
Sin coronita
Lázzaro explicó que ahora “empezamos a trabajar en la regularización y la convocatoria a nuevos procesos. Está en marcha en más de 380 ciudades del país, para entregar más de 700 licencias de radio”.
Respecto de la llamada “desinversión” -paralizada, en general, a partir del planteo judicial de Clarín- Lázzaro aclaró que “no es verdad que no se avanzó, hay muchas presentaciones en estudio y análisis respecto de lo que la ley plantea para el plan de adecuación, que implica proponer determinadas operaciones con los medios que están por encima de los que se permiten. Obviamente hay que evaluar no sólo si se da cumplimiento a los requisitos de propiedad cruzada y porcentaje de mercado, sino también si las sociedades o personas propuestas cumplen con esos requisitos o hay alguna engañifa”.
Lázzaro explicó una de las razones de ciertas demoras: “No podía ser que hubiera grupos económicos con coronita frente a la ley. Frente a una estructura concentrada, se marca como primera prioridad desarmar esa estructura para que haya competencia económica y pluralidad de voces. Si una situación judicial protege justamente a ese sector que es el que mayor distorsión genera, es el dato fundamental para reordenar el conjunto de instrumentos de la comunicación, tanto de los medios existentes como de quienes se han presentado al censo o registro”.
“Parte de esa pelea la hemos venido dando junto al sector cooperativo, para avanzar sobre todo en el interior del país donde están cooptados por Cablevisión o estructuras que pertenecen a ese grupo”, ejemplificó.
Acerca de la decisión de la Corte Suprema sobre ese tema, indicó: “El fallo nos pone una fecha de referencia, no es mágico. Ese 7 de diciembre hay que tomarlo con un doble sentido, por supuesto jurídico, pero sobre todo político, para que sepamos que a partir de ahí estaríamos en condiciones de estar todos iguales ante la ley y debiéramos avanzar rápidamente en la redistribución, para que de la declamación se pase a una nueva estructura productiva de la comunicación”.
Fuente: El Diario de La Pampa, Argentina
