Las emisoras comunitarias son una
alternativa de participación, a través de las cuales, los que antes sólo
oían, ahora pueden hablar y construir el tejido social que forma su
comunidad. Hoy, existen en Colombia cerca de 686 emisoras comunitarias
que, ante la inexistencia de una red vial terciaria, se han convertido
en vehículos de la democracia que alcanzan aproximadamente a 3 millones
de oyentes-activos que los reconocen como medios legítimos para el
fortalecimiento de la vida comunitaria, el desarrollo local y la
comunicación entre veredas y cabeceras municipales.
La Radio Comunitaria, tiene sus inicios en
el año 1947 conociendo su mayor esplendor en los años sesenta, gracias a
la influencia de Radio Sutatenza y el liderazgo del Padre José Joaquín
Salcedo Guarín, quien a través de una rudimentaria emisora llevó a los
campesinos programas educativos y de doctrina cristiana. Por esa época,
los programas radiales fueron un medio para enseñar a leer, a escribir,
para enseñar matemáticas básicas, cultura general, mejoramiento de
cultivos y catecismo, entre otros temas. Posteriormente, estas emisoras
fueron combatidas y censuradas por el establecimiento hasta el año 1997,
cuando finalmente se logró su reconocimiento oficial. Este
reconocimiento surgió a partir del establecimiento de la Asamblea
Nacional Constituyente en 1991, la cual, fundada en la necesidad de
garantizar el tránsito de una democracia representativa hacia un modelo
participativo, aprobó el derecho a la comunicación como una manera de
promover procesos de articulación social que le dieran protagonismo al
pueblo.
Bajo el modelo de emisoras comunitarias, la
misma comunidad es quien asume su propiedad y dirección, promoviendo la
organización ciudadana y acompañando las necesidades, los reclamos y
los grandes acontecimientos sociales. Así, la radio comunitaria se
convierte en una instancia de fortalecimiento de la participación y
busca democratizar la palabra e incluir activamente a cada ciudadano.
Sin embargo, este modelo se encuentra a punto de morir. Las
dificultades económicas de los municipios más pequeños, la ola invernal,
el recorte de presupuestos para publicidad, los altos costos de
funcionamiento, la concentración de la pauta en los centros urbanos
mayormente poblados, la escasa vinculación de los proyectos
comunicativos de las diferentes entidades oficiales a emisoras
comunitarias y la masiva contratación estatal a emisoras comerciales,
hacen que cada día la crisis económica de la radio comunitaria sea
mayor. Para julio de 2011, se encontraban en proceso de cobro y pérdida
de licencia, más de 200 emisoras comunitarias.
No podemos permitir que se muera esta
herramienta democrática, ahogándose en esta grave crisis. En otras
palabras, es inaceptable y perjudicial que el derecho a la comunicación
en Colombia se restrinja por asuntos económicos desconociendo su
importancia para el desarrollo de las comunidades y el ejercicio de la
democracia. Es necesario iniciar un debate sobre la responsabilidad
económica de los entes públicos en relación con los medios de
comunicación comunitarios entendiendo a estos, como instrumento
indispensable para la construcción de nuestro futuro democrático y
promoviendo un sistema que permita mantener la autonomía de las emisoras
comunitarias pero asegurar al mismo tiempo, su sostenibilidad
económica.
Fuente: Diario Magangue Hoy, Colombia
