Según el último informe de la Asociación Española de Radio Comercial (AERC) en la Comunitat Valenciana operan 318 emisoras ilegales mientras que en Cataluña emiten sin concesión administrativa 198, es decir un 40% menos. Sin embargo, la Associació Catalana de Ràdio (ACR), que agrupa al conjunto de emisoras y cadenas privadas comerciales de aquella comunidad, acaba de lanzar un manifiesto conjunto de todos sus asociados en el que asegura que el fenómeno del pirateo es "insostenible".
El texto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, exige medidas urgentes y el cierre inmediato de todas las emisoras ilegales. Su conclusión es clara: las emisoras piratas ponen en riesgo el futuro y la viabilidad técnica y económico del sector radiofónico. El manifesto se echa las manos a la cabeza porque en Cataluña existe una emisora ilegal por cada una que emite amparada en una concesión administrativa. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que en la Comunitat Valenciana existen tres emisoras clandestinas por cada una de las legales, es decir unas 400 frente al centenar de licencias concedidas.
El manifiesto elaborado por la Associació Catalana de Ràdio sale a la luz justo en el momento en que se ha abierto en la Comunitat Valenciana el debate sobre la proliferación de emisoras ilegales y las denuncias del sector contra la permisividad y tolerancia con que actúa el Gobierno de Francisco Camps respecto a la saturación del espectro radioléctrico. En la Comunitat Valenciana no existe una agrupación como la catalana y las emisoras valencianas se agrupan bajo el paraguas de la Asociación Española de Radio Comercial. Pero el manifiesto de la ACR viene a poner de nuevo sobre la mesa problemas comunes para todas las emisoras legales en el conjunto de España, aunque la Comunitat Valenciana encabeza la clasificación de emisoras ilegales tras Canarias y Andalucía, según a la AERC.
Control de la competencia desleal
La ACR exige la redacción de una norma que ampare, regule y controle las emisiones verdaderamente culturales y sin ánimo de lucro para que no ejerzan una competencia desleal sobre las que operan con licencia. El manifiesto, que lleva por título Contra el mercado negro radiofónico. Por el establecimiento de la legalidad, contra la impunidad de la piratería, reclama que se corte de raíz la situación de ilegalidad fruto, afirman, de la "ineficacia" de la Administración, donde citan también al Consell del Audiovisual que sí se ha desarrollado en Cataluña. El manifiesto también pone el dedo en la llaga que supone el mercado de compra-venta que ha proliferado en el sector tal como denunció este diario.
"Las emisoras ilegales se ponen en marcha, se compran, se venden, se alquilan en su totalidad o por horas y pactan emisiones en cadena de forma que se crea un mercado paralelo", dice.Además denuncian que estas emisoras ilegales operan con total "descaro" ya que muchas tienen incluso páginas web propias en las que informan de su actividad, "Tener una emisora legal es más rentable que una legal", dicen.
Cruce de responsabilidades
La situación contrasta con el control e inspecciones que pasan las cadenas legales, mientras las que operan sin licencia se ahorran el pago de tasas, cánones o impuestos, a pesar de los ingresos publicitarios que obtienen. "El cruce de responsabilidades entre las administraciones autonómica y estatal conduce en la práctica a la impunidad total". "Cierra una y un día después abre otra en la misma frecuencia", dicen. Así, afirman que sólo de una forma excepcional se ha producido algún cierre de emisoras sin licencia.
Fuente: Levante EMV, España
sábado, 7 de febrero de 2009
ESPAÑA: El Ayuntamiento de Telde ordena el cierre de Radio Aventura
El área de Disciplina Urbanística de la Concejalía de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde ha decretado la clausura de la emisora Radio Aventura Siglo 21, cuyo centro de emisiones se encuentra en un piso de la calle Ruiz del barrio de San Gregorio, por carecer de la preceptiva licencia de apertura, según fuentes consultadas ayer por este periódico.
El departamento que dirige el socialista José Antonio Perera también ha procedido a abrir a sus propietarios un expediente sancionador por el ejercicio de una actividad sin el permiso correspondiente y en un emplazamiento que no reúne las condiciones que determina la ley para su desarrollo.
La orden de clausura, que ayer ya estaba en posesión de miembros de la Policía Local de Telde para proceder a su ejecución inmediata, se produce después de que un grupo de particulares procediese en las últimas semanas a presentar una serie de denuncias contra esta radio pirata -término este con el que la Real Academia Española de la Lengua define a las emisoras de radiodifusión que funcionan sin licencia legal- por no contar con el permiso municipal de apertura.
La Ley de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de 8 de enero de 1998, contempla como una infracción muy grave el desarrollo de una actividad o la apertura de un establecimiento sin la previa licencia o autorización correspondiente, como es el caso. Disciplina Urbanística ha concedido a la emisora diez días de plazo para que presente las alegaciones que considere oportunas.
Fuente: La Provincia, España
El departamento que dirige el socialista José Antonio Perera también ha procedido a abrir a sus propietarios un expediente sancionador por el ejercicio de una actividad sin el permiso correspondiente y en un emplazamiento que no reúne las condiciones que determina la ley para su desarrollo.
La orden de clausura, que ayer ya estaba en posesión de miembros de la Policía Local de Telde para proceder a su ejecución inmediata, se produce después de que un grupo de particulares procediese en las últimas semanas a presentar una serie de denuncias contra esta radio pirata -término este con el que la Real Academia Española de la Lengua define a las emisoras de radiodifusión que funcionan sin licencia legal- por no contar con el permiso municipal de apertura.
La Ley de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de 8 de enero de 1998, contempla como una infracción muy grave el desarrollo de una actividad o la apertura de un establecimiento sin la previa licencia o autorización correspondiente, como es el caso. Disciplina Urbanística ha concedido a la emisora diez días de plazo para que presente las alegaciones que considere oportunas.
Fuente: La Provincia, España
ESPAÑA: La ley obliga al Consell a actuar de oficio contra las emisoras que operan sin licencia
El Consell de la Generalitat está obligado a actuar de oficio a través de sus órganos competentes contra las emisoras de radio que operan sin la necesaria concesión administrativa. La ley que regula el sector audiovisual, aprobada en abril de 2006, recoge en el capítulo relativo al procedimiento sancionador que el expediente se iniciará "de oficio" por el Consell, a petición de otros órganos administrativos o por denuncia de parte.
Además, la apertura del procedimiento sancionador, según se especifica, debe realizarse independientemente de que se constituya el Consell del Audiovisual, un organismo independientemente cuya ley de desarrollo permanece atascada desde hace casi tres años por divergencias políticas entre partidos.
Las fuentes consultadas en el sector aseguran que las escasas actuaciones que se realizan contra emisoras clandestinas en la Comunitat Valenciana "sólo se producen cuando la denuncia la interpone una de las partes afectadas y casi nunca de oficio", como específica la norma.
Control del cumplimiento de la norma
Recuerdan que el capítulo que hace referencia a las competencias de la Generalitat señala que corresponde al Ejecutivo valenciano el control del cumplimiento de la normativa general del audiovisual en el ámbito de la Comunitat Valenciana y el ejercicio de las potestades inspectora y sancionadora, sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Consell del Audiovisual, recalcan.
La ley, que podría aplicarse en la actualidad a unas 400 emisoras que emiten de forma ilegal en la Comunitat Valenciana en un régimen de tolerancia y permisividad por parte de la Administración, como ha venido publicando este diario, recoge que la realización de actividades como la emisión de contenidos radiofónicos sin licencia cuando sea legalmente necesario -lo es para cualquier emisión- se considera una infracción muy grave que puede acarrear multas de entre 60.001 euros y un millón.
En el sector deploran que sus denuncias caigan continuamente en saco roto porque, según explican, la Administración actúa "cuando se plantean varias denuncias, es decir contra las más flagrantes, pero al final la mayoría de las que presentamos quedan en nada porque amonestan a una emisora, pero en pocos días la misma aparece en otro punto del dial". Fuentes oficiales del Consell rechazaron ayer valorar la proliferación de emisoras y evitaron responder a la pregunta de si tienen previsto actuar contra ellas.
Hace unos días señalaron que el fenómeno de la ilegalidad no es nuevo y que hay un impasse porque existe un proceso de concesión de frecuencias de FM en marcha.El abogado Fernando Gutiérrez Laso, experto en telecomunicaciones y que ha presidido la Asociación Española para el Desarrollo de los Medios Audiovisuales de Telecomunicación, explicó ayer que cerrar una emisora de radio que lleva años en antena es "muy complicado", pero recuerda que es la Administración autonómica la que tiene la competencia para hacerlo. En este sentido, Gutiérrez afirmó que un 20% de las emisoras que emiten sin licencia cumplen una función social, pero que el 80% restante sólo busca el beneficio económico y lo único que hacen es ensuciar el dial mientras el Gobierno autonómico no actúa para evitar la impunidad con la que actúan.
Fuente: Levante EMV, España
Además, la apertura del procedimiento sancionador, según se especifica, debe realizarse independientemente de que se constituya el Consell del Audiovisual, un organismo independientemente cuya ley de desarrollo permanece atascada desde hace casi tres años por divergencias políticas entre partidos.
Las fuentes consultadas en el sector aseguran que las escasas actuaciones que se realizan contra emisoras clandestinas en la Comunitat Valenciana "sólo se producen cuando la denuncia la interpone una de las partes afectadas y casi nunca de oficio", como específica la norma.
Control del cumplimiento de la norma
Recuerdan que el capítulo que hace referencia a las competencias de la Generalitat señala que corresponde al Ejecutivo valenciano el control del cumplimiento de la normativa general del audiovisual en el ámbito de la Comunitat Valenciana y el ejercicio de las potestades inspectora y sancionadora, sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Consell del Audiovisual, recalcan.
La ley, que podría aplicarse en la actualidad a unas 400 emisoras que emiten de forma ilegal en la Comunitat Valenciana en un régimen de tolerancia y permisividad por parte de la Administración, como ha venido publicando este diario, recoge que la realización de actividades como la emisión de contenidos radiofónicos sin licencia cuando sea legalmente necesario -lo es para cualquier emisión- se considera una infracción muy grave que puede acarrear multas de entre 60.001 euros y un millón.
En el sector deploran que sus denuncias caigan continuamente en saco roto porque, según explican, la Administración actúa "cuando se plantean varias denuncias, es decir contra las más flagrantes, pero al final la mayoría de las que presentamos quedan en nada porque amonestan a una emisora, pero en pocos días la misma aparece en otro punto del dial". Fuentes oficiales del Consell rechazaron ayer valorar la proliferación de emisoras y evitaron responder a la pregunta de si tienen previsto actuar contra ellas.
Hace unos días señalaron que el fenómeno de la ilegalidad no es nuevo y que hay un impasse porque existe un proceso de concesión de frecuencias de FM en marcha.El abogado Fernando Gutiérrez Laso, experto en telecomunicaciones y que ha presidido la Asociación Española para el Desarrollo de los Medios Audiovisuales de Telecomunicación, explicó ayer que cerrar una emisora de radio que lleva años en antena es "muy complicado", pero recuerda que es la Administración autonómica la que tiene la competencia para hacerlo. En este sentido, Gutiérrez afirmó que un 20% de las emisoras que emiten sin licencia cumplen una función social, pero que el 80% restante sólo busca el beneficio económico y lo único que hacen es ensuciar el dial mientras el Gobierno autonómico no actúa para evitar la impunidad con la que actúan.
Fuente: Levante EMV, España
CUBA: Celebrado encuentro de emisoras de primeras villas fundacionales
Crear una red de estaciones para extender el conocimiento del patrimonio cultural, fue una de las iniciativas surgidas en el III Encuentro de Emisoras Radiales de las Siete Primeras Villas fundadas en Cuba por colonizadores españoles.
Magda Resik, directora de Habana Radio, emisora de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, consideró que este principio se logra al estrechar los vínculos entre el medio y la comunidad porque allí se localiza su patrimonio, su cultura.
Los representantes de Baracoa, ciudad primada de Cuba, se refirieron a la positiva experiencia que les representó la grabación de una serie de programas en sitios rurales, para acercar a la población al trabajo de ese medio de prensa.
El encuentro se realiza cada año en Camagüey, con el aniversario de la ciudad que arribó el lunes último a los 495 años, cita que cuenta con la presencia de personal de las radiodifusoras de Baracoa, La Habana, Sancti Spíritus, Trinidad, Camagüey, Bayamo y Santiago de Cuba.
La sede siempre ha sido la capital camagüeyana, pero esta vez coincidió con el acto de proclamación de Patrimonio Cultural de la Humanidad al sector más antiguo de su Centro Histórico, distinción concedida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Fuente: Radio CNHW, Cuba
Magda Resik, directora de Habana Radio, emisora de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, consideró que este principio se logra al estrechar los vínculos entre el medio y la comunidad porque allí se localiza su patrimonio, su cultura.
Los representantes de Baracoa, ciudad primada de Cuba, se refirieron a la positiva experiencia que les representó la grabación de una serie de programas en sitios rurales, para acercar a la población al trabajo de ese medio de prensa.
El encuentro se realiza cada año en Camagüey, con el aniversario de la ciudad que arribó el lunes último a los 495 años, cita que cuenta con la presencia de personal de las radiodifusoras de Baracoa, La Habana, Sancti Spíritus, Trinidad, Camagüey, Bayamo y Santiago de Cuba.
La sede siempre ha sido la capital camagüeyana, pero esta vez coincidió con el acto de proclamación de Patrimonio Cultural de la Humanidad al sector más antiguo de su Centro Histórico, distinción concedida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Fuente: Radio CNHW, Cuba
ESPAÑA: La cifra de emisoras ilegales sube con la nueva ley
La Ley del Audiovisual entró en vigor en 2006. Estaba llamada a poner orden en el sector. Sin embargo, lejos de convertirse en una barrera o un freno a la aparición de nuevas emisoras ilegales, el número de las que emiten sin concesión administrativa no ha dejado de crecer desde entonces, tal como publicó ayer INFORMACION. Si los estudios realizados antes de 2006 por la Asociación Española de Radio Comercial (AERC) cifraban en 318 el número de emisoras ilegales, fuentes del sector apuntan que ahora emiten en la Comunidad Valenciana unas 400. Es decir, la cifra se ha disparado.
La norma, firmada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el 19 de abril de 2006 ha tenido, pues, el efecto contrario al esperado. La ley 1/2006 del sector Audiovisual tenía entre sus objetivos limpiar el dial para facilitar el paso a la emisión digital. Según el título sexto corresponde a la Generalitat la facultad de control e inspección y la potestad sancionadora. La ley recoge que son infracciones muy graves la realización de actividades de carácter audiovisual sin título habilitante, cuando éste sea legalmente necesario. La emisión sin cobertura legal constituye una infracción tipificada como muy grave y puede sancionarse con multas de entre 60.001 euros y un millón y dar lugar a la suspensión "de la eficacia del título habilitante", según dice la norma.
"Hace diez años había unas 300, pero la explosión, el incumplimiento de muchas de las emisoras municipales y la formación de cadenas ha contribuido a la rápida expansión de ilegales" explica el secretario de la AERC, Alfonso Ruiz de Assín. Según sus datos, en la Comunidad Valenciana podrían existir en la actualidad entre 350 y 360. Además, las emisoras ilegales están "perfectamente localizadas" y suman más del doble de las privadas autorizadas.
Sin embargo, los expertos consultados por este diario señalan que la ordenación del espacio radioeléctrico deberían realizarla organismos independientes como el consell del Audiovisual, previsto en la propia ley pero nunca desarrollado en la Comunidad Valenciana, una entidad que sí actúan en otros países europeos y también en España, concretamente en Cataluña, Andalucía o Navarra, y que en la mayoría de los casos tiene poder sancionador.
El catedrático de Periodismo de la Universitat de València y profesor de Comunicación Audiovisual, Josep Lluís Gómez Mompart, no espera que el Consell del Audiovisual que alumbre la ley valenciana pueda ejercer esta función. "Difícilmente lo hará porque la independencia del consolé del Audiovisual está muy limitada en la ley y además quedaba en manos del Gobierno". En opinión de Gómez Mompart, el Consell del Audiovisual "no servirá para casi nada tal como se aprobó la ley porque no tendrá las posibilidades de independencia que necesita".
Fuente: Diario Información, España
La norma, firmada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el 19 de abril de 2006 ha tenido, pues, el efecto contrario al esperado. La ley 1/2006 del sector Audiovisual tenía entre sus objetivos limpiar el dial para facilitar el paso a la emisión digital. Según el título sexto corresponde a la Generalitat la facultad de control e inspección y la potestad sancionadora. La ley recoge que son infracciones muy graves la realización de actividades de carácter audiovisual sin título habilitante, cuando éste sea legalmente necesario. La emisión sin cobertura legal constituye una infracción tipificada como muy grave y puede sancionarse con multas de entre 60.001 euros y un millón y dar lugar a la suspensión "de la eficacia del título habilitante", según dice la norma.
"Hace diez años había unas 300, pero la explosión, el incumplimiento de muchas de las emisoras municipales y la formación de cadenas ha contribuido a la rápida expansión de ilegales" explica el secretario de la AERC, Alfonso Ruiz de Assín. Según sus datos, en la Comunidad Valenciana podrían existir en la actualidad entre 350 y 360. Además, las emisoras ilegales están "perfectamente localizadas" y suman más del doble de las privadas autorizadas.
Sin embargo, los expertos consultados por este diario señalan que la ordenación del espacio radioeléctrico deberían realizarla organismos independientes como el consell del Audiovisual, previsto en la propia ley pero nunca desarrollado en la Comunidad Valenciana, una entidad que sí actúan en otros países europeos y también en España, concretamente en Cataluña, Andalucía o Navarra, y que en la mayoría de los casos tiene poder sancionador.
El catedrático de Periodismo de la Universitat de València y profesor de Comunicación Audiovisual, Josep Lluís Gómez Mompart, no espera que el Consell del Audiovisual que alumbre la ley valenciana pueda ejercer esta función. "Difícilmente lo hará porque la independencia del consolé del Audiovisual está muy limitada en la ley y además quedaba en manos del Gobierno". En opinión de Gómez Mompart, el Consell del Audiovisual "no servirá para casi nada tal como se aprobó la ley porque no tendrá las posibilidades de independencia que necesita".
Fuente: Diario Información, España
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