Según el último informe de la Asociación Española de Radio Comercial (AERC) en la Comunitat Valenciana operan 318 emisoras ilegales mientras que en Cataluña emiten sin concesión administrativa 198, es decir un 40% menos. Sin embargo, la Associació Catalana de Ràdio (ACR), que agrupa al conjunto de emisoras y cadenas privadas comerciales de aquella comunidad, acaba de lanzar un manifiesto conjunto de todos sus asociados en el que asegura que el fenómeno del pirateo es "insostenible".
El texto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, exige medidas urgentes y el cierre inmediato de todas las emisoras ilegales. Su conclusión es clara: las emisoras piratas ponen en riesgo el futuro y la viabilidad técnica y económico del sector radiofónico. El manifesto se echa las manos a la cabeza porque en Cataluña existe una emisora ilegal por cada una que emite amparada en una concesión administrativa. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que en la Comunitat Valenciana existen tres emisoras clandestinas por cada una de las legales, es decir unas 400 frente al centenar de licencias concedidas.
El manifiesto elaborado por la Associació Catalana de Ràdio sale a la luz justo en el momento en que se ha abierto en la Comunitat Valenciana el debate sobre la proliferación de emisoras ilegales y las denuncias del sector contra la permisividad y tolerancia con que actúa el Gobierno de Francisco Camps respecto a la saturación del espectro radioléctrico. En la Comunitat Valenciana no existe una agrupación como la catalana y las emisoras valencianas se agrupan bajo el paraguas de la Asociación Española de Radio Comercial. Pero el manifiesto de la ACR viene a poner de nuevo sobre la mesa problemas comunes para todas las emisoras legales en el conjunto de España, aunque la Comunitat Valenciana encabeza la clasificación de emisoras ilegales tras Canarias y Andalucía, según a la AERC.
Control de la competencia desleal
La ACR exige la redacción de una norma que ampare, regule y controle las emisiones verdaderamente culturales y sin ánimo de lucro para que no ejerzan una competencia desleal sobre las que operan con licencia. El manifiesto, que lleva por título Contra el mercado negro radiofónico. Por el establecimiento de la legalidad, contra la impunidad de la piratería, reclama que se corte de raíz la situación de ilegalidad fruto, afirman, de la "ineficacia" de la Administración, donde citan también al Consell del Audiovisual que sí se ha desarrollado en Cataluña. El manifiesto también pone el dedo en la llaga que supone el mercado de compra-venta que ha proliferado en el sector tal como denunció este diario.
"Las emisoras ilegales se ponen en marcha, se compran, se venden, se alquilan en su totalidad o por horas y pactan emisiones en cadena de forma que se crea un mercado paralelo", dice.Además denuncian que estas emisoras ilegales operan con total "descaro" ya que muchas tienen incluso páginas web propias en las que informan de su actividad, "Tener una emisora legal es más rentable que una legal", dicen.
Cruce de responsabilidades
La situación contrasta con el control e inspecciones que pasan las cadenas legales, mientras las que operan sin licencia se ahorran el pago de tasas, cánones o impuestos, a pesar de los ingresos publicitarios que obtienen. "El cruce de responsabilidades entre las administraciones autonómica y estatal conduce en la práctica a la impunidad total". "Cierra una y un día después abre otra en la misma frecuencia", dicen. Así, afirman que sólo de una forma excepcional se ha producido algún cierre de emisoras sin licencia.
Fuente: Levante EMV, España
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