El Consell de la Generalitat está obligado a actuar de oficio a través de sus órganos competentes contra las emisoras de radio que operan sin la necesaria concesión administrativa. La ley que regula el sector audiovisual, aprobada en abril de 2006, recoge en el capítulo relativo al procedimiento sancionador que el expediente se iniciará "de oficio" por el Consell, a petición de otros órganos administrativos o por denuncia de parte.
Además, la apertura del procedimiento sancionador, según se especifica, debe realizarse independientemente de que se constituya el Consell del Audiovisual, un organismo independientemente cuya ley de desarrollo permanece atascada desde hace casi tres años por divergencias políticas entre partidos.
Las fuentes consultadas en el sector aseguran que las escasas actuaciones que se realizan contra emisoras clandestinas en la Comunitat Valenciana "sólo se producen cuando la denuncia la interpone una de las partes afectadas y casi nunca de oficio", como específica la norma.
Control del cumplimiento de la norma
Recuerdan que el capítulo que hace referencia a las competencias de la Generalitat señala que corresponde al Ejecutivo valenciano el control del cumplimiento de la normativa general del audiovisual en el ámbito de la Comunitat Valenciana y el ejercicio de las potestades inspectora y sancionadora, sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Consell del Audiovisual, recalcan.
La ley, que podría aplicarse en la actualidad a unas 400 emisoras que emiten de forma ilegal en la Comunitat Valenciana en un régimen de tolerancia y permisividad por parte de la Administración, como ha venido publicando este diario, recoge que la realización de actividades como la emisión de contenidos radiofónicos sin licencia cuando sea legalmente necesario -lo es para cualquier emisión- se considera una infracción muy grave que puede acarrear multas de entre 60.001 euros y un millón.
En el sector deploran que sus denuncias caigan continuamente en saco roto porque, según explican, la Administración actúa "cuando se plantean varias denuncias, es decir contra las más flagrantes, pero al final la mayoría de las que presentamos quedan en nada porque amonestan a una emisora, pero en pocos días la misma aparece en otro punto del dial". Fuentes oficiales del Consell rechazaron ayer valorar la proliferación de emisoras y evitaron responder a la pregunta de si tienen previsto actuar contra ellas.
Hace unos días señalaron que el fenómeno de la ilegalidad no es nuevo y que hay un impasse porque existe un proceso de concesión de frecuencias de FM en marcha.El abogado Fernando Gutiérrez Laso, experto en telecomunicaciones y que ha presidido la Asociación Española para el Desarrollo de los Medios Audiovisuales de Telecomunicación, explicó ayer que cerrar una emisora de radio que lleva años en antena es "muy complicado", pero recuerda que es la Administración autonómica la que tiene la competencia para hacerlo. En este sentido, Gutiérrez afirmó que un 20% de las emisoras que emiten sin licencia cumplen una función social, pero que el 80% restante sólo busca el beneficio económico y lo único que hacen es ensuciar el dial mientras el Gobierno autonómico no actúa para evitar la impunidad con la que actúan.
Fuente: Levante EMV, España
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