En “Un año de 13 lunas”, Rainer Werner Fassbinder pone en juego un escenario en el que la identidad, la razón de ser y la búsqueda de sentido de un hombre travesti –es decir, diverso– se ve cuestionada por una realidad que le rebasa y cuyas complejidades lo llevan a emprender un camino que, si bien pareciera tener las características de un viaje libertario, lo colocan (hasta donde nos deja ver Fassbinder) al borde de la aniquilación.
Siguiendo con la idea planteada por Fassbinder –un escenario que confronta la identidad, la razón de ser y la búsqueda del sentido, y cuyo resultado puede ser la aniquilación–, me pregunto si el 2010 no fue un año de 13 lunas en lo que toca a las radios comunitarias en México y en América Latina. Un año en el que surgieron preguntas centrales sobre la identidad y la razón de ser de ese movimiento, sí que lo fue.
Los permisos otorgados al inicio de 2010 por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) a seis radios comunitarias –que jugaron la efectivísima carta de la restricción de la potencia hasta el extremo– subrayan la necesidad de una nueva lectura en la relación de éstas con el Estado. Este intento de control precarizador por parte del gobierno, en el caso mexicano, tendría que disparar –aunque hasta ahora no lo haya hecho– serios cuestionamientos sobre el terreno “legal” en el que se mueve la radiodifusión comunitaria y su ejercicio en este país. Particularmente cuando queda claro (haciendo el balance no sólo de éste sino de por lo menos los últimos diez años) que la legislación en materia de medios de comunicación no va a cambiar a favor del ejercicio de derechos en el mediano plazo.
Por el contrario, la mudabilidad de las premisas infraestructurales de la convergencia tecnológica marcará una tendencia más excluyente en las legislaciones, basada en el criterio económico y, particularmente, más interesada en garantizar el solaz tecnológico y la atención a los intereses de sectores establecidos. Los “avances democratizadores” en ciertas legislaciones (como la argentina y la uruguaya) abren espacio a la enunciación abstracta de estos derechos, pero también permiten ver un viraje en el interés de los grandes medios, quienes siguen legislando a su favor: procesos de accesibilidad, cánones tecnológicos, planes infraestructurales, programas de “inclusión digital” –donde, siguiendo el paradigma Slim, se ve una gran oportunidad de negocios–, comunicaciones digitales basadas en Internet (el espacio ELAC1 –cuyas reuniones este año en Lima se llevaron a cabo a puerta cerrada sin organizaciones– es un buen ejemplo), etcétera.
En 2010 hubo un avance de la visión “sectorizadora” de la radio comunitaria, impuesta –tácitamente, en tanto no se ha discutido apropiadamente– por los conglomerados, redes y asociaciones que representan los intereses de estos espacios de comunicación. Esta visión sectorizadora viene de la mano de un interés legítimo de diálogo con el poder y busca establecer un piso formal para ese diálogo que antes parecía improbable; pero como consecuencia fundamental que la razón de ser política de los espacios de reflexión e intercambio de las radios comunitarias (redes como AMARC a nivel regional, o redes locales en casi todos los países de América Latina) estén virando su trabajo más hacia la consecución de beneficios y espacios de negociación con el poder y menos hacia la reflexión política, ética y conceptual que garantice, en la práctica, que la radiodifusión comunitaria siga siendo un movimiento político. Un movimiento que entiende que su más alta función no se define en ese diálogo con el poder –ya tenemos suficientes medios que hacen eso– sino en el espacio político y humano que garantiza su existencia: uno de los muchos (que no el único) de los que se vale el pensamiento para plantearse preguntas colectivas que podrán responderse en colectivo. Si no es ese el significado último de “un espacio para la libertad de expresión”, sí es uno de los más esenciales.
En 2010 la realidad latinoamericana planteó muchas preguntas interesantes en esa arena a las radios comunitarias, sobre todo a las “organizadas” desde la tentación de unanimidad en torno a las figuras presidenciales en Argentina (de la mano de un avance legislativo), hasta la culminación del proceso de “normalización” de las radios comunitarias en Venezuela.
La disminución de la discursividad y de la editorialidad de las radios y de quienes las hacen (ya sea por los temas impuestos por financiadoras o agendas multilaterales, o porque la noción de “acción comunicativa en conjunto” se traduce en el modelo propio de la comunicación tradicional –cadenas nacionales, noticiarios, transmisiones conjuntas y poco más–), genera un escenario preocupante para la radiodifusión comunitaria en América Latina, particularmente porque esa discursividad única se está convirtiendo en una nueva actividad financiable; y porque esa capacidad de “discurso único”, es uno de los principales y más cuestionados defectos que les hemos encontrado a los medios. Preguntas no menos inquietantes surgen de la participación de AMARC Uruguay en la “calificación” de radios en “comunitarias” y “no comunitarias”, palomeo que las incluía o excluía de un proceso de legalización en aquella nación; lo que queda por lo menos raro para una organización de la sociedad civil.2 Probablemente preguntas profundas sobre la importancia real de las licencias para la radiodifusión comunitaria sean pertinentes en este momento; lo que queda claro es que hace falta, urgentemente, que los permisos para radios comunitarias dejen de ser un “triunfo” para convertirse en lo que son: un trámite, no definitorio y siempre controversial en lo que afirma y niega como derecho.
Sin duda, en México esa pregunta –la de la afirmación y negación del derecho– se responde en el caso del doctor Héctor Camero. A una primera entrada represiva contra la radio Tierra y Libertad de Monterrey, sigue la entrega de un permiso con potencia precaria; lejos de ser el embate final, ahora el doctor Camero, principal motor de la radio se encuentra en riesgo de ir a la cárcel por un proceso abierto en su contra resultado de la acción represiva previa. Te reprimo, te doy un permiso precario (es decir, te controlo) y, aún así, te persigo y te meto a la cárcel. Eso parecería una señal clara de que el gobierno mexicano ha llegado a conclusiones sobre cómo atender el problema de las radios comunitarias.
Darse cuenta de que una persona, comunicador y activista, está siendo perseguido penalmente y con riesgo real de quedar privado de la libertad por hacer uso de un transmisor de un watt, aún formando parte de una organización hoy con permiso de transmisión y viviendo en un país donde la profesión de comunicador y/o periodista es una de las más precarias en todos los sentidos, convierten al caso Camero en un paradigma de lo mucho que hay para preguntarse sobre las implicaciones de la lucha política de las radios comunitarias y sobre posibles nuevos rumbos para esos empeños. Y, por supuesto, la libertad del doctor Camero llenará siempre de sentido ese paradigma.
En 2010 también hubo fiesta. La asamblea AMARC 10 en La Plata, Argentina, reunió a una buena parte de las radios organizadas y habrá resultado también en nuevas, y buenas preguntas.
Yo me quedo sin embargo con la idea de que 2010 deja la sensación que siempre deja una buena pregunta (¿y las hay malas?): la de inminencia.
Notas
1 Estrategia para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Más información en http://www.eclac.org/socinfo/elac/
2 “Amarc Uruguay destaca la finalización del primer censo nacional de radios comunitarias” en http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=5992
Fuente: Etcétera, México
