Enrique Albistur encontró después de las elecciones nuevas razones para preocuparse. Más allá del segundo plano que tuvo en la campaña porteña de Daniel Filmus, casi no se sabía nada del primer secretario de Medios que tuvo el kirchnerismo desde 2003.
Pero la Justicia volvió a poner su nombre en los diarios. La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del que gozaba en una causa judicial vinculada con la compra de Radio del Plata, que realizó la empresa kirchnerista Electroingeniería, y ordenó que se lo siga investigando.
En la causa se trata de determinar si Radio del Plata recibió una inyección de publicidad oficial de unos $ 40 millones en 2008 y 2009, de dimensiones tan grandes que habría permitido a los compradores no sacar un peso propio de su bolsillo para pagar la operación.
Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal, entendieron que se debe profundizar la investigación antes de concluir que no hay evidencias de delito.
El juez Rodolfo Canicoba Corral había sobreseído a Albistur sobre la base del mismo peritaje que había establecido que desde la compra, por parte de Electroingeniería, la facturación de pauta oficial había crecido sólo en un 8,59% y argumentó que, si bien el incremento de los pagos subió hasta el 308,35%, esto se debió a que se habían abonado deudas no sólo de 2009, sino del año anterior.
Pero el fiscal Carlos Rívolo apeló y los mismos argumentos fueron presentados ante la Cámara por el fiscal de segunda instancia, Germán Moldes.
Los camaristas entendieron que era prematuro cerrar el expediente, pues era necesario realizar nuevas medidas de prueba teniendo en cuenta que se había detectado un incremento en los pagos de Télam a Radio del Plata, entre 2008 y 2009, del 308 por ciento.
Por eso los jueces dijeron que hay que explorar otras variantes en la investigación, pues aún se ignora en la causa el momento exacto de la transferencia de acciones, no se averiguó si había relación entre los compradores y los que cedieron la publicidad oficial, y si el poder que tenía Albistur para controlarla fue usado para ejecutar la supuesta operación.
Tampoco se investigó por qué crecieron los pagos entre 2008 y 2009 ni si las deficiencias advertidas por un informe de la Auditoría General de la Nación, realizado sobre la Secretaría de Medios, tiene relación con la maniobra denunciada.
El tercer juez del tribunal, Eduardo Farah, entendió, por el contrario, que las nuevas medidas que piden hacer los fiscales no alteran la conclusión de que no hubo delito y que estos nuevos pedidos no formaban parte de la imputación original.
Agregó que, si bien la Auditoría General hizo observaciones sobre el manejo de la Secretaría de Medios, habló de objeciones administrativas al funcionamiento interno y no de la comisión de delitos.
El fiscal Rívolo, al argumentar en favor de que la causa contra Albistur se reabra, había señalado que más allá de que Télam tiene la facultad de disponer la distribución de la pauta oficial, es "prematuro desvincular [al funcionario] debido a que de las medidas pendientes podría desprenderse algún grado de responsabilidad".
Dijo que hay que tener en cuenta que lo que se investiga es si el Estado a través de Télam, comenzó a beneficiar a "Radiodifusora del Plata a partir del momento en que se produce el traspaso de su paquete accionario y el cambio de su línea editorial". El dueño anterior de la radio era Marcelo Tinelli, que se desprendió de la emisora porque no le daba rédito.
Para el fiscal, el beneficio que podría haber obtenido la emisora "puede producirse a través de un incremento en la facturación, una disminución en el plazo de cancelación de las facturas emitidas, así como mediante el pago de facturas que se encontraban impagas desde antigua data". En 2008, la radio recibió pagos del Estado por $ 810.833 y en 2009 por $ 3.308.563. "Este importante aumento redundó en un claro beneficio de la empresa radial", escribió el fiscal Rívolo.
LA INVESTIGACIÓN
- Cuestionamiento. La hipótesis del fiscal es que la compra de Radio del Plata, que realizó la Empresa Electroingeniería, se hizo con fondos de publicidad oficial que recibió la emisora entre 2008 y 2009. El juez Canicoba Corral, tras un peritaje que indicó que lo facturado en esos años era de menos de $ 4 millones (el 10% del valor de la radio), cerró el caso.
- Sigue el juicio. Los fiscales apelaron, al entender que a pesar del monto hubo un crecimiento en los pagos de publicidad oficial del 308% y no se realizaron medidas de prueba. La Cámara les dio la razón y ordenó reabrir la investigación.
