Radio Guiniguada en Gran Canaria, Radio Pimienta en La Orotava, Onda Común, Radio Popular Canaria y Aitiden Radio en La Laguna o Radio Tajaraste en El Hierro, son, entre otras, emisoras comunitarias sin ánimo de lucro. (Ver www.medioscomunitarios.net) Voces alternativas al rebumbio habitual de favoritismos sonoros e intereses mercantiles. O a la radio profesional, justa y necesaria. Se basan en la participación libre. No se financian con anuncios ni accionistas que luego puedan controlar el medio con su dinero. No dependen de partidos políticos, empresas económicas ni religión alguna. Funcionan como pueden y en un ambiente asociativo de comunidad, concepto ya olvidado por la política oficial, por mucho que el Estado le ponga ese epíteto a las autonomías.
Una radio comunitaria es, a las ondas de frecuencia, como una revista cultural al papel en que se imprime, o un colectivo a la sociedad que se da cita en él. Si el Estado corporativo (ese que ha devenido con la simbiosis política-mercado cercenando la democracia), decidiese que esa publicación o ese colectivo no tuviesen registro legal porque no tienen intereses comerciales o no compiten económicamente, diríamos que ha perdido el juicio. O que nos hallamos en una Dictadura donde sólo existe el partido único, que en el fondo no es otra cosa que el pensamiento único. En definitiva, el estado totalitario que se opone a cualquier forma de democracia. Pues eso mismo está sucediendo con las radios comunitarias y la Ley de Frecuencias pedantemente denominada: "Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias" ( Resolución de 16 de diciembre de 2008(BOC nº 252, de 18-12-2008). Su período de exposición pública se ha hecho coincidir con la Navidad, y demuestra "las ganas" que tiene el Gobierno de Canarias de que la gente participe en estas cosas. De hecho, tantas ganas tiene, que sin esperar a las alegaciones o a que la ley quede aprobada, ya ha sido dictado el mes de marzo para comenzar el concurso. De Juzgado de Guardia.
Democracia es una palabra que literalmente significa "gobierno de los demos" o barrios en la antigua Grecia, es decir, de los vecinos, del pueblo. Pero si quitamos a éste de en medio y metemos al mercado y sus intereses, tenemos una nueva forma de dominio: la mercadocracia, alma del Estado Corporativo actual y sinónimo de dictadura. Porque una vez elegidos en urnas, como el que crea las leyes es el mismo que el que las ejecuta, en lugar de aparecer una sociedad gobernada por los ciudadanos, deviene un concurso en el que el que gana tiene carta blanca para hacer lo que le venga en gana. Eso sí, con el poder judicial como único elemento disuasorio en su aventura de sociedad anónima tribal. De hecho, lo que se denomina oposición política, es un eufemismo. Nuestro sistema legal ha dejado fuera de la participación democrática a todos aquellos que no ganan las elecciones. Son simples convidados de piedra en las Instituciones. No se gobierna para todos porque las minorías están marginadas e ignoradas y no se cuenta con ellas a la hora de gobernar. Los ciudadanos a los que representan no existen a la hora de la toma de decisiones. Bueno, en el fondo los otros tampoco.
En ese circo de la política, el control de la información ha sido prioritario desde que el primer homínido observó que, blandiendo un palo, podía descerebrar a otro que competía con él en la búsqueda de comida o en la pareja con que procrear. La política actual tiene también esta forma de erotismo y de violencia de palo y zanahoria. Solo hay que ver algunas cadenas de televisión babeando subvenciones y contratos institucionales o a alguna prensa de papel atiborrada de anuncios del poder económico-político de turno.
Así, los escándalos en el binomio medios de comunicación-partidos políticos están a la orden del día. En Canarias, sin ir más lejos, se están sacando los ojos por el conflicto surgido ante las asignaciones de la TDT (televisión digital terrestre) o la creación de la famosa radio autonómica canaria denunciada desde los cuatro puntos cardinales por descaradamente sectaria. En cuanto a la ley de radios que aquí se comenta, el Tribunal Supremo la acaba de tumbar en la Comunidad de Madrid (PP) ante una denuncia contra ella de la Unión de Radios Comunitarias por no contemplar a estas radios en la misma, y que se añade a otro varapalo anterior, cuando también el Supremo eliminó en esta Comunidad, el Decreto de televisiones locales de 2005. Todo esto sienta un precedente esperanzador para Canarias.
Porque, aunque es una Ley que emana del Estado (PSOE), son las Autonomías las que redactan el decreto y deciden si dejan fuera o no a las radios comunitarias. El Gobierno de Canarias (PP-CC) ha decidido en su Decreto no contemplar las emisoras comunitarias, obligándolas a participar en igualdad de condiciones que las comerciales. Situación que las condena a la desaparición. En las Islas no se regulan las frecuencias desde 1998. Siempre se había contemplado la clasificación radios comunitarias-radios comerciales y es la última autonomía que queda por regular este espectro. Una estrategia que ha permitido un clientelismo político-empresarial bananeramente mediático en algunas radios y televisiones locales que ahora tratan de legalizar. Porque en Canarias muy pocas emisoras son legales. Tampoco son ilegales. La mayoría, aún no reguladas, son alegales, a causa de que el gobierno debió legislar dos veces más y no lo hizo, provocando el desorden actual.
Se pide pues (Ver pliego de alegaciones en www.espaciolacasa.org) que esta ley sea una ley autonómica y no un decreto, que respete el acceso a la información y participación que emana de la Constitución, que contemple la clasificación radios comerciales y radios comunitarias sin ánimo de lucro y sin necesidad de patrocinios comerciales. Por un lado privadas con emisión de publicidad, y, por otro, entidades meramente culturales con libre expresión de programación basada en contenidos y necesidades sociales. Criterios abiertos, claros y transparentes. ¿Quién pues es capaz de oponerse a esto? Muy fácil, aquellos que, detentando el poder, no desean que existan otros contenidos diferentes a los suyos. Quienes sienten pavor a que existan voces que disientan de las de los poderosos. Quienes no aceptan que los nuevos movimientos sociales tengan su altavoz. Voces de abajo contra las que oponer sus discursos cargados de mentiras y falsas promesas. En definitiva, comunicación frente a negocio. O sea, información frente a desinformación.
Pero de la misma manera que no se puede privatizar el sol o poner puertas al campo, tampoco se puede colocar mordazas al lenguaje humano, ni muros a las ondas de frecuencia. La atmósfera es de todos, y el esquema básico de la comunicación: emisor-canal-mensaje-receptor, algo que en cualquier democracia forma parte del terreno de lo sagrado y a dios, no se le toca, aunque en algunos sistemas políticos como el nuestro, este dios probablemente no exista... La sociedad tiene que informarse y, más cuando las radios comunitarias añaden la retroalimentación o retorno del mensaje del receptor al emisor en ese esquema básico citado, y que es lo que genera una comunicación real que no poseen las radios comerciales, en las que la información va al receptor pero no vuelve con lo que se vuelve manipulable.
Aunque el sistema de incineración de basuras es dañino para el medio ambiente, no lo es tanto si a quien se trata de incinerar es a partidos políticos que, enajenados de sus funciones democráticas, se han transmutado en mercadería. Ante su democracia dirigida, esa que busca la neutralización de la ciudadanía y su indiferencia por los asuntos públicos para así servir mejor a las entidades corporativas a las que se deben, sólo queda enfrentarle nuestra democracia fugitiva, como la llama Sheldon S. Wolin en su libro: "Democracia S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido". Las radios comunitarias son un valor no sólo a salvaguardar, sino a potenciar ante nuestra democracia amenazada.
Fuente: Canarias 24 Horas
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