El 85% de las frecuencias está en manos privadas y un 3% tiene perfil comunitario. Hay ciudades donde el espectro está saturado.
El mercado nacional de las frecuencias de radio y televisión se incrementó este año con respecto al año pasado.
Según los datos que maneja la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), desde enero hasta agosto se registran en el país 1214 frecuencias para radios y 397 para televisoras abiertas.
En ese mismo período del año pasado habían 1185 frecuencias de radio y 331 frecuencias para TV.
Actualmente, según el superintendente, Fabián Jaramillo, hay al menos 5 000 solicitudes de frecuencias de radio y televisión en espera para que sean tomadas en cuenta por el Consejo Nacional de radio y Televisión (Conartel).
Esa autoridad reconoce que hay un exceso de frecuencias en el país. Sin embargo, asegura que no todo va para los grupos de poder político o económicos, tal como ha sido la persistente crítica de distintos sectores sociales y gubernamentales.
“Se habla mucho de concentración, de que hay grupos económicos que están detrás de los medios de comunicación, pero hay una amplia pluralidad en el tema de las concesiones que no están dirigidas ni a partidos políticos ni a personas que no son de grupos económicos”.Por su parte, el presidente del Conartel, Jorge Yunda, considera que la saturación no se previó en el pasado.
“Por ejemplo, es una locura que estén disponibles 50 frecuencias de radio en Galápagos, donde la población es reducida. En las principales ciudades ya no hay disponibilidad de frecuencias, por ejemplo, en Pichincha, Guayas, Tungurahua, Los Ríos, El Oro están con todo el rango de frecuencias ocupadas”, advirtió.Dos artículos de la nueva Constitución, el 16 y el 17, hablan de la libertad de las personas a acceder a las frecuencias.
El numeral 1 del artículo 17 señala que se garantizará la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones.
En un foro sobre comunicación, el miércoles pasado, el reconocido radialista cubano José Ignacio López, aseguró que la nueva Carta Magna es muy útil para alcanzar la democratización de las frecuencias. Además, criticó que la empresa privada tenga en su poder el 85% y apenas el 3% estén en manos de los medios con un perfil comunitario.
Precisamente la propiedad y el supuesto oligopolio en las frecuencias para radio y televisión fue revisada desde inicios de este año por la Coordinadora de Radios Populares (Corape). Y está previsto que hoy se presente el informe final.Gisela Dávila, directora de esa organización, dijo a este Diario que no es documento con el que se juzgará a los propietarios de las frecuencias.
“Como medios comunitarios nos interesa transparentar la información. Esto debe estar en manos de académicos, de estudiantes, sociedad civil y en este caso muy particular.
Los elementos que allí se redacten deben servir para la investigación”, mencionó. En ese informe está recogido el caso de Bernardo Nussbaum, actual presidente de Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.
Este Diario accedió al último borrador de este documento, en donde se ve que también se analizó el caso de propio presidente del Conartel, Jorge Yunda; Mario Canessa Oneto, cónsul honorario de Italia en Guayaquil; el ex diputado Luis Almeida, entre otros funcionarios.
Pero esta no será la única investigación que tenga resultados sobre la concesión de frecuencias. Está por posesionarse una comisión investigadora que, según lo previsto, debe ocurrir también ahora.
Sus miembros designados por el presidente Rafael Correa deberán auditar las concesiones de frecuencias desde 1995 hasta este año y determinar si han existido irregularidades y si amerita que se realice la revocatoria de las concesiones.
Entre los integrantes estará José Ignacio López, Aleida Callejas, Sammy de la Torre, Valeria Betancourt, Fernando Ortiz, Guillermo Navarro y Carol Murrillo. Sin embargo, Murillo renunció el martes pasado.Por su parte, la Secretaría Nacional Anticorrupción también está siguiendo de cerca este tema.
Fuente: El Comercio, Ecuador
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