Carbonell no aclara las acusaciones de falta de debate de sus consejeros
Menos de los grupos de comunicación beneficiados y, por supuesto, de las formaciones que apoyan al tripartito -en especial el PSC-, ha habido numerosas críticas a la independencia del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) en el proceso de adjudicación de 83 licencias de frecuencia modulada.
El presidente del organismo, el socialista Josep Maria Carbonell, se presentó ayer en el Parlament en un intento -a juicio de la oposición, baldío- de dar explicaciones. Lo hizo a medias porque evitó responder a las preguntas más comprometidas. Empleó buena parte de su tiempo en defender la independencia del organismo, la suya y la de los 10 consejeros, que, admitió, han hecho gala de su equidad pese a las presiones políticas recibidas, que él mismo de esta manera reconocía. "Todos hemos actuado con la máxima libertad e independencia (...) porque el consejo no está formado por representantes de los partidos políticos", proclamó, obviando que siete de sus miembros son ex diputados de la Cámara catalana.
Carbonell se confesó socialista, catalanista y católico. Y aseguró que ninguno de estos aspectos ha influido en la decisión del organismo que preside. "¿Es que para ser buen consejero no puede tenerse ni ideología ni creencias?", preguntó a la sala. El diputado de Ciutadans Albert Riera le aclaró la duda: "Aquí nadie ha cuestionado su catolicismo, sino su pertenencia a dos fundaciones del arzobispado de Barcelona, una de las cuales está presidida por el ecónomo".
Y es que la jerarquía episcopal ha sido una de las grandes beneficiadas en este concurso. El arzobispado de Barcelona ha conseguido cuatro frecuencias y el de La Seu d'Urgell otras tres para una emisora -Ràdio Estel- que apenas alcanza los 8.000 oyentes según el último Estudio General de Medios. Ningún parlamentario se refirió al hecho de que Santiago Ramentol, consejero del propio CAC, había ocupado con anterioridad la dirección de esta emisora.
Tampoco aclaró el presidente -y eso que el diputado del Partido Popular Rafael López se lo reclamó repetidamente- por qué tres consejeros se quejaron de que Carbonell había coartado el debate sobre la adjudicación de licencias. Una queja que se tradujo en la abstención de dos de ellos, los convergentes Esteve Orriols y Josep Pont. El pleno del CAC en el que se aprobaron las concesiones se convocó con carácter extraordinario, lo que redujo a apenas cuatro horas -normalmente es de 48 horas- el tiempo de consulta del expediente de la mesa de contratación por parte de los consejeros. El presidente del CAC ni siquiera se molestó en aclarar esta cuestión. Y en tono desafiante retó a quien pusiese en duda su honorabilidad a leerse los 14.000 folios que agrupan las 1.279 peticiones de frecuencias que concurrieron al concurso.
Tampoco pareció afectarle la advertencia de la democristiana Joana Ortega, quien le previno de que exigirán su dimisión en el caso de que los tribunales revoquen alguna de las adjudicaciones. El presidente le contestó que, por regla general, este tipo de recursos tardan ocho años en resolverse, dando a entender que él ya no estaría en el cargo.
La sorpresa de la mañana vino de la mano del periodista Fernando Rodríguez Madero, consejero propuesto por el Partido Popular. En un momento de la sesión, pidió el turno de palabra, lo que le negó la presidenta de la comisión parlamentaria. Pero el presidente del Consejo Audivisual de Cataluña, Josep Maria Carbonell, insistió en que pudiera expresarse. El periodista ha sido blanco de los ataques de locutores como Luis del Olmo, en Punto Radio, y Federico Jiménez Losantos, en la Cope, porque ambas empresas han visto reducida su presencia en las ondas catalanas. En ambas ha trabajado Rodríguez Madero.
El periodista desveló que dirigentes del PP le presionaron para que votara en contra de las adjudicaciones, pero que no obedeció las consignas porque, entre otras cosas, su voto no hubiera variado el resultado final. "Yo voto en contra, que es lo que se me pidió, y no sucede absolutamente nada, porque no voy a cambiar en absoluto el resultado de ese trabajo de miles de horas de compañeros, técnicos del CAC, que yo me he creído profundamente. Creo que han trabajado con toda la honestidad del mundo (...), pero como voté como independiente y con respecto a lo que me dictaba mi propia conciencia he tenido insultos muy graves, he tenido calumnias, he tenido perversiones", manifestó Rodríguez Madero. Y precisó que fue nombrado miembro del CAC en el año 2000 a propuesta de la entonces dirección del PP catalán, al frente de la cual estaba Josep Piqué.
Las palabras del periodista le sirvieron a Carbonell para hacer hincapié en la independencia con que han trabajado los consejeros del organismo: "La intervención del consejero Rodríguez Madero es la exposición de cómo algunos miembros hemos sido atacados y se ha ido contra nuestras posiciones y creencias más hondas".
El diputado del PP Rafael López, al sentirse acosado por las afirmaciones de Rodríguez Madero, se defendió asegurando que han sido, en toda la historia del CAC, la única formación que ha nombrado a un periodista como representante.
El presidente avaló todo el proceso de adjudicación porque, dijo, se rigió con criterios técnicos, sin el menor rasgo de discrecionalidad por parte de los distintos consejeros. Así, explicó que las empresas debían presentar tres propuestas, una técnica, otra de viabilidad económica y la tercera, una memoria descriptiva. Y cada una de ellas tenía su puntuación correspondiente.
Carbonell insistió en que el concurso del CAC ha sido mucho más equitativo y transparente que el de 2003, cuando se repartieron estas 83 frecuencias mediante un acuerdo entre la Secretaría de Comunicación de la Generalitat -en manos del convergente David Madí- y la Asociación Catalana de Radios Privadas.
Las críticas más duras procedieron del PP y Ciutadans, que acusaron al CAC de haber dejado "sin voz" a grupos con tanta implantación como Punto Radio y la Cope, lo que, a su juicio, va en "detrimento" de la pluralidad del mapa radiofónico catalán. Albert Rivera, de Ciutadans, denunció la "hipocresía" de los diputados al proclamar la independencia del organismo, cuando fueron los primeros en nombrar a ex miembros de la Cámara como representantes ante el CAC. El PSC, Iniciativa y Esquerra censuraron las acusaciones de Rivera.
¿Un plan piloto de cinco años?
Las 83 frecuencias que ahora han salido a concurso correspondían a un plan piloto de carácter técnico sobre la capacidad del espacio radioeléctrico catalán. El convenio, firmado entre la Generalitat y la Asociación de Radios Privadas, establecía que al cabo de seis meses el Ministerio de Ciencia y Tecnología debía evaluar el resultado de este proyecto y sacar a concurso las frecuencias. Si al cabo de dos años, estas frecuencias pasaban a consolidarse, las empresas tendrían que pagar el impuesto correspondiente a la Generalitat. Pero el concurso ha tardado cinco años en convocarse y las empresas sostienen que sus frecuencias se consolidaron y, por tanto, se trata de derechos adquiridos, extremo que niega el CAC.
Fuente: El País, España
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