Urge que el recurso que COPE presentará por la vía contencioso-administrativa contra este atropello sea atendido por los tribunales, pues de no ser así el daño producido a los derechos fundamentales será irreparable.
1998 fue un buen año para la democracia en México. Junto a la reforma de la ley electoral, el fin del monopolio estatal sobre la producción de papel de periódico fue el otro gran factor permitió el fin de la hegemonía del PRI en la política de aquel país. Por desgracia, la situación de la libertad de expresión en España, especialmente en regiones como Cataluña, no hace sino empeorar. La retirada de dos licencias de FM a la cadena COPE por el tristemente célebre Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) es el último ejemplo de la politización que rige la regulación del espacio radioeléctrico español, una lacra que ningún partido político está dispuesto a sanar.
Por si la proliferación de cadenas y emisoras de radio y TV públicas y las subvenciones a periódicos afines al poder no fueran suficientes, las potestad discrecional de los distintos gobiernos autonómicos a la hora de conceder y revocar licencias de emisión es una amenaza continua a la libertad. Desde hace más de dos décadas asistimos a una situación demencial en la que cadenas de radio con audiencias raquíticas disfrutan de una cobertura total en algunos territorios mientras que otras, mucho más escuchadas a nivel nacional, tienen prácticamente vedado el acceso a determinadas regiones.
Para reforzar su poder sobre los medios, algunas CCAAs han creado los consejos audiovisuales, instituciones en teoría independientes, aunque en algunos casos su única función es la de castigar o premiar a las distintas empresas de comunicación según sea su línea editorial respecto al Ejecutivo autonómico. En Cataluña, este órgano, dominado por personas directamente relacionadas con el tripartito y el nacionalismo, ha centrado su cuestionable poder sancionador en la cadena COPE, caracterizada por su crítica al nacionalismo y por la defensa de valores que el actual Gobierno catalán se afana en socavar.
No es de extrañar que así las cosas el CAC continúe la labor de acoso y derribo inaugurada por Jordi Pujol hace 10 años, cuando el entonces presidente de la Generalitat intentó cerrar las emisoras de COPE en Barcelona, Manresa y Tarragona. La sentencia del Tribunal Supremo, que frenó el abuso pujolista estableciendo que no cabe aplicar las normas de emisión en catalán con carácter retroactivo, no ha sido impedimento para que los nuevos comisarios audiovisuales traten de silenciar a la cadena de la Conferencia Episcopal cerrando sus emisoras en Lérida y Gerona.
También Vocento (diario ABC) ha sido perjudicado, pues ha perdido tres emisoras, mientras que ni Kiss Media (Kiss FM) ni Unidad Editorial (El Mundo) han obtenido licencia alguna. El grupo Godó, empresa dueña del periódico La Vanguardia, y Flaix, participada por el grupo Zeta (El periódico de Catalunya) han sido los grandes beneficiados por el reparto de emisoras de FM. Por su parte Rádio Estel, vinculada al arzobispado de Barcelona, ha obtenido siete emisoras más. El sesgo nacionalista del CAC, cuyo criterio a la hora de conceder licencias de emisión ignora factores como el arraigo, la viabilidad comercial y la rentabilidad de los solicitantes, es evidente.
Por tanto, urge que el recurso que COPE presentará por la vía contencioso-administrativa contra este atropello sea atendido por los tribunales, pues de no ser así el daño producido a los derechos fundamentales será irreparable. Asimismo, la solicitud de comparecencia en el Parlament del presidente del CAC que la semana próxima presentarán PP y Ciudadanos es fundamental a la hora de exigir responsabilidades por una decisión tan injusta y arbitraria.
Desde hace más de 200 años, los teóricos de la democracia han venido señalando que la pluralidad informativa es un requisito indispensable para garantizar no sólo que la política de los gobiernos dependa de los ciudadanos, sino una sociedad libre. Por lo visto, los nacionalistas catalanes, que han colocado a su región en una situación de auténtica excepcionalidad, no piensan lo mismo. La Justicia debe pararles los pies.
Fuente: Libertad Digital, España
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