En una sesión maratónica, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional aprobó primero la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que amplía a Internet las restricciones de contenido que ya se aplicaban a los medios audiovisuales. El artículo 28 de esta ley califica como "contenidos prohibidos" a todos aquellos mensajes que, según el Gobierno, "inciten, promuevan o hagan apología al delito", "constituyan propaganda de Guerra", "fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público", "desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas", "induzcan al homicidio" o que "inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente".
El mismo artículo obliga a los proveedores de servicios de Internet a "establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo" cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) así lo solicite. Las empresas que incumplan con esta norma podrían ser sancionadas con multas de hasta el 4% de sus ingresos brutos.
Un servicio público
Poco después de las diez de la noche (hora local), el Parlamento aprobó también una reforma a Ley Orgánica de Telecomunicaciones que declara a las emisoras de radio y televisión, a las empresas de producción nacional audiovisual y las redes de telecomunicaciones como "servicio de interés público". Esto significa que para operar en el país deberán antes ser "habilitadas" por el Gobierno a través de un permiso o concesión.
También implica que los medios audiovisuales pueden ser sometidos a otras restricciones que no especifica esta norma, de acuerdo el artículo 5, que dice: "Por su condición de servicio e interés público el contenido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones radio, televisión y producción nacional audiovisual podrán someterse a las limitaciones y restricciones que por razones de interés público establezca la Constitución y la ley". Otra de las modificaciones incluidas en la nueva Ley de Telecomunicaciones es la reducción del periodo de vigencia de las concesiones en radio y televisión que otorga el Estado, de 20 a 15 años.
Para los partidos de oposición, ambas leyes empeoran el ejercicio de las libertades en el país. "Son absolutamente violatorias de la Constitución, de la libertad de expresión y del libre ejercicio de la comunicación en el país", ha dicho el diputado Ismael García del partido de centroizquierda Podemos, disidente del chavismo.
Ambas leyes se suman a una larga lista de normas que, a toda velocidad y en las últimas dos semanas, ha aprobado la mayoría parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. La más importante de ellas ha sido la Ley Habilitante, que permitirá al presidente Hugo Chávez aprobar leyes por decreto hasta junio de 2012 . Esto ocurre a pocos días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, prevista para el 5 de enero, donde la oposición tendrá mayor representación y donde el chavismo ha perdido la mayoría calificada de votos.
Fuente: El País, España
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