
Hace ya casi diez años que Radio Victoria se ha convertido en la voz de las comunidades locales, defensores del medio ambiente y militantes ecologistas opuestos a los planes de explotación minera de la compañía multinacional canadiense Pacific Rim. El medio de comunicación comunitario desempeña un papel de información crucial en esta situación, peligrosa para la salud e incluso la sobrevivencia de las poblaciones. A pesar de la vigilancia policial de la que se beneficia el local a diario entre las cuatro de la tarde y las ocho de la mañana, las amenazas no han cesado. El pasado mes de enero, el abogado de Radio Victoria, Héctor Berríos, también en el punto de mira, denunció ante Reporteros sin Fronteras la ausencia de resultados de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General.
“Los escuadrones de la muerte que reivindican estas amenazas no han dejado las armas desde la guerra civil (1979-1992). Este peligro exige más que nunca que se acelere la investigación así como una movilización general de la clase política salvadoreña para desmantelar estas redes criminales que permanecen impunes. Por otra parte, la vigilancia de las instalaciones de Radio Victoria ya no basta. Se debe poner en marcha un dispositivo de protección para los periodistas y locutores del medio de comunicación. Finalmente, la compañía Pacific Rim debe denunciar públicamente, a nivel internacional, este acoso contra las poblaciones presentes en los territorios con los que pretende quedarse. Esperamos su respuesta”, declara Reporteros sin Fronteras.
La información sobre el medio ambiente es muy arriesgada para los periodistas, en esa región y fuera de ella. La situación en Centroamérica es un ejemplo terrible de ello. La pareja de periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato, defensores de los pueblos indígenas movilizados contra proyectos mineros en Panamá, fue expulsada del país el pasado 28 de febrero. El calvario sufrido por las radios comunitarias Radio Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce) y La Voz de Zacate Grande en Honduras se debe en gran parte a contenciosos territoriales y agrarios.
Fuente: Reporteros Sin Fronteras
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