jueves, 22 de diciembre de 2011

ESPAÑA: El polémico concurso de frecuencias de radio que ha supuesto todo un atentado contra el sector radiofónico de las islas continúa siendo actualidad

Este miércoles hemos asistido a un nuevo episodio de uno de los culebrones políticos más injustos y dañinos de la historia democrática de las islas, nos referimos al polémico concurso de frecuencias de radio de Canarias, que previsiblemente se fallará antes de que finalice 2011 pese al atentado que supone para la mayoría de emisoras que se ven abocadas al cierre, puesto que ha salido a la palestra en el debate del Parlamento en donde el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, ha recordado al Partido Popular (PP) que el pecado del polémico concurso fallado antes de las elecciones lo cometió ese partido como respuesta a Australia Navarro, quien le acusó de o cambiar de opinión o de acomodar las ideas al confort del Gobierno.
 
Este es un tema de profundo calado que debió ser tratado en profundidad, puesto que hablamos de que el Gobierno se empeña en dar legalidad a un concurso que tiene muchos motivos de ilegalidad, máxime cuando este concurso, por las razones que sea, en sí mismo supone un auténtico atentado contra el sector radiofónico, ya que cabe recordar que muchísimas peticiones quedaron fuera del mismo con antelación por problemas de formalidad ajenos a las emisoras, por lo que debió anularse el concurso y convocarse nuevamente.

En cuanto a la concesión, hablamos de mayor polémica aún puesto que el 20% de las licencias fueron a parar a las manos del empresario Jaime Cortezo, uno de los grandes poderes económicos ligados al cemento, que ha puesto en funcionamiento una emisora al servicio de los intereses empresariales al más puro estilo Jiménez Losantos, a lo que debemos añadir que un amigo de Paulino Rivero como es el empresario Miguel Concepción (presidente del CD Tenerife) ha recibido un altísimo porcentaje de licencias (unas 20), así como a una emisora estatal otras quincena pese a que no para de despedir a profesionales.

Hay motivos más que suficientes para anular el concurso puesto que son múltiples las evidencias que ponen de manifiesto que esto ha sido un cambalache absoluto, por lo que José Miguel Pérez debió exigir a Paulino Rivero que rectificara en este tema puesto que hablamos de un concurso que pondrá en prevalencia en el espectro radioeléctrico a empresas de la construcción.

DEBATE PARLAMENTARIO

Australia Navarro preguntaba la opinión del vicepresidente del Gobierno sobre el silencio a cerca del concurso público de licencias de radio, a lo que José Miguel Pérez dijo que si se refiere al plano mediático no ha visto silencio por ningún lado, a lo que la diputada del PP dijo que no hace responsable directo de ese silencio al líder del PSOE en las islas porque el responsable directo tiene nombre y apellido y se llama Paulino Rivero.

Para la portavoz popular, no deja de ser curioso que José Miguel Pérez en su máxima condición de representante del PSOE no dé una explicación a los ciudadanos, pero sobre todo al Parlamento, ya que le recordó que hace escasamente un año, Juan Carlos Alemán exigió en nombre de su partido en sede parlamentaria la retirada de ese concurso porque vulneraba la Ley nacional y europea.

Dijo que sobre el mismo concurso que el PSOE hoy mantiene silencio, merecía entonces la contundencia del partido ante los serios vicios de ilegalidad en el concurso, pero lo cierto es que los máximos representantes socialistas no dicen nada o bien porque han cambiado de opinión o bien han acomodado sus ideas al confor del Gobierno.

Por su parte José Miguel Pérez espetó a Navarro que el pecado fue cometido por el PP. Explicó en este sentido que se convocó el concurso cuando el PP estaba en el Gobierno, por lo que los criterios y procedimientos son corresponsabilidad del PP, dicho lo cual afirmó que en la mesa de evaluación nombraron al correspondiente representante.

Advirtió que los efectos que ha tenido este concurso, que ha sido de una extraordinaria polémica, han sido brutales, pero hablamos de un concurso que actualmente está en fase de revisión de todas las reclamaciones que se han presentado (694), dicho lo cual dejó claro que la opinión del partido no ha variado, pese a lo cual indica que el camino es el cumplimiento de la Ley, sin embargo insistió en que la responsabilidad de los criterios, de los procedimientos y de la mesa de evaluación que generó los efectos que generó la tiene el PP también.
 
Fuente: Revista Digital San Borondón

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