Alberto Riveros y Javier Correa, presidente y vicepresidente segundo, respectivamente, de la Unión de Radiodifusores del Paraguay (URP), en visita realizada ayer a la redacción de nuestro diario, manifestaron que la nueva normativa, mediante la penalización de las actividades de las emisoras ilegales, constituye “un gran paso” en la búsqueda de la implementación de acciones para frenar la irregularidad.
Empero, señalaron, les preocupa la complacencia y la permisividad del Ejecutivo con las radios clandestinas. La vigencia de la propaganda estatal en las emisoras piratas y el doble discurso de los actores que, por un lado, prometen luchar contra el flagelo, pero que por el otro facilitan recursos para la supervivencia de los mismos.
Según los datos que se manejan en círculos de la URP, el número de radios piratas estaría actualmente en el orden de los 1.400, una cifra varias veces superior al número de las que legalmente se encuentran habilitadas entre las emisoras comerciales y las denominadas comunitarias.
Entre las primeras citadas se encuentran 70 afiliadas a la URP, más de dos canales abiertos de televisión.
“No es una ley de contenido”
Riveros declaró que les causa inquietud la propaganda oficial y el eslogan promovido por los responsables de los organismos de comunicación del Gobierno de la “democratización de los medios”, sobre la base de que la información es también “un derecho humano”.
El titular de la URP añadió que es una iniciativa loable, pero que no se debería confundir con alentar la proliferación de las radios clandestinas, que causan serios perjuicios a los propietarios de las frecuencias legales.
“Esta ley no es de contenido”, aclaró Riveros, para agregar luego que solo apuntaba a regularizar las actividades en el sector.
Correa explicó a su turno que las radios legales se encuentran “desprotegidas” y preguntó quién sería el empresario que tendría interés en invertir en una actividad en donde “no existe ninguna seguridad”.
Los directivos de la URP anunciaron que en los próximos días harán una gira por el interior del país con el fin de informar a sus asociados sobre los alcances de la nueva ley y, por otra parte, realizar un relevamiento de la problemática, que se acentúa en las localidades, principalmente, de frontera.
En la ocasión pidieron la cooperación de la ciudadanía para que denuncien el funcionamiento de las radios piratas.
Antecedentes
Cabe recordar que el presidente Fernando Lugo había vetado la modificación de la Ley Nº 642/95 “De telecomunicaciones”, accediendo así a una petición del gremio de las radios comunitarias.
La norma ahora vigente estipula la regulación de la potencia máxima que podrán tener las radios comunitarias, que es de entre 50 watts y 300 watts.
Plantea que las radios comunitarias no deben emitir publicidad pagada y establecen severas penas para quienes incumplan la ley. Las radios comerciales se encuentran en una franja de 1.000 y 50.000 watts de potencia.
El proyecto generó una serie de discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo desde su planteamiento en el Congreso.
Desde el sector privado, en su momento, hubo apoyo a la formalización de la actividad.
Habían señalado que existen radios comunitarias que cumplen servicios importantes, pero que están otras clandestinas, que “no solo incitan a la violencia ciudadana, sino también a la ilegalidad, invasiones de tierra, las confrontaciones, la lucha de clase”.
Por la Ley 7195 fueron ampliados y modificados los artículos 57, 58, 70, 73 y 100 de la Ley Nº 642/95 “De telecomunicaciones”. Fue inicialmente aprobada por Diputados el 4 de agosto del 2010 y el 28 de octubre por la Cámara de Senadores.
Luego fue vetado totalmente por el Poder Ejecutivo mediante el documento 5403, del 11 de noviembre de 2010.
La norma volvió a Diputados, donde fue rechazada la objeción en la sesión del 9 de noviembre y, posteriormente, por el Senado el 8 de marzo de este año, quedando promulgada la Ley.
No pautar con ilegales
La URP solicitó en su oportunidad a la Cerneco que alerte a sus asociados a no pautar avisos con radios piratas y comunitarias y, sobre todo, con aquellas emisoras que evaden el pago de impuestos. Riveros, advirtió que existían radioemisoras ilegales que estaban incluso emitiendo facturas legales a través del viejo recurso de “las productoras”.
Más de 1.400 ilegales
Al 31 de diciembre del 2010 el total de estaciones de radio que operaban en el Paraguay, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se elevaban a 566. Entre ellas, 220 FM, 46 AM y 300 comunitarias. Existirían un par de estaciones más a la fecha; pero por falta de un informe de habilitación o registro oficial, no se las incluye en la lista.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en todo el territorio nacional estarían operando más de 1.400 estaciones piratas, siendo los departamentos de mayor concentración, Central, Alto Paraná , Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, entre otros.
Fuente: AVC Color, Paraguay
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