Fue para cobrar deudas de un banco que quebró hace 10 años. La medida provocó polémica y la renuncia del ministro de Finanzas. El presidente negó que se tratara de una maniobra contra la prensa. También fueron incautadas 195 empresas agrícolas, comerciales y de construcción, y bienes como yates y aviones.
El gobierno incautó el martes las instalaciones de tres canales de televisión y de una radioemisora para cobrar deudas de un banco que cerró hace 10 años, y la medida provocó una inmediata polémica y la renuncia del ministro de Finanzas.
Se informó que además de los medios de comunicación, fueron incautadas 195 empresas agrícolas, comerciales, de seguros y de construcción, y otros bienes como yates y aviones, todos vinculados con el caso del cerrado banco Filanbanco, de los hermanos William y Roberto Issaías.
La incautación, con el uso de la fuerza pública, afectó durante la madrugada a tres estaciones de la televisora TC (una instalada en Quito y dos en Guayaquil), la de Gamavisión (en Quito) y la radioemisora TC Radio (en Guayaquil). La acción de los agentes fue difundida por los medios.
Los canales de televisión pertenecieron a los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, ex dueños del banco Filanbanco, cerrado en 1998. Ambos abandonaron el país el 2000 y se radicaron en Miami.
El empresario Estéfano Isaías, hermano de los ex banqueros, se ha presentado como propietario de TC Televisión, Cable Noticias y TC Radio, mientras que Alvaro Dassun, primo, ha dicho que es el dueño de Gamavisión. Ambos negaron cualquier relación empresarial con William y Roberto Isaías.
La incautación la llevaron adelante funcionarios de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, una institución del Estado que tiene por misión recuperar los dineros de los depositantes afectados por las quiebras de 21 bancos cerrados o quebrados a finales de los 90, cuando se produjo una crisis económica generalizada.
Las incautaciones causaron la renuncia inmediata del ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, que como titular de ese ministerio preside la AGD, y que no firmó las órdenes de incautación.
Wilma Salgado, posesionada como nueva ministra en reemplazo de Ortiz, dijo que la decisión de la AGD "es una medida administrativa ... es absolutamente de carácter legal", descartando que sea política. "No tiene otro objetivo que el de recuperar los activos pendientes de ser recuperados desde que se registró la crisis financiera".
Fuente: La Razón, Argentina
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