En el extenso informe se destaca el principio general de apuntar a "un equilibrio entre el sector público estatal, el sector privado comercial y el social comunitario, poniéndose límites tanto a la concentración excesiva de medios privados como de medios estatales".
"Debería establecerse un estatuto básico de los medios públicos que garantice que sean estatales, pero no gubernamentales, independientes con control parlamentario y con alguna forma de participación ciudadana en su gestión", se indica en el informe. Además se entiende que los medios públicos deberían contar con códigos de ética y criterios de gestión y programación explícitos y públicos".
También se propone que los servicios de comunicación públicos "deben ofrecer una programación diferente a los comerciales, pero buscando captar audiencias masivas y familiares, no restringiéndose a una idea de medios culturales o educativos que desaprovechan los recursos audiovisuales y sólo alcanzan audiencias minoritarias".
Se recomienda que estos medios deben asegurar "la mayor calidad profesional de su personal y su producción e incluir contenidos informativos, educativos de entretenimientos y de ficción".
Los medios públicos "deben promover la creatividad, apostando a la innovación, arriesgando donde el sector privado no suele hacerlo", y "promover derechos humanos", se recomienda.
Se plantea la conveniencia de generar medios públicos "descentralizados", por ejemplo: municipales, y un sector especial vinculado a las instituciones educativas.
Para el sector privado comercial se establece que debe asegurarse el cumplimiento de normas tales como: "el horario de protección a la infancia y la duración de tandas publicitarias". Se recomienda establecer "símbolos identificatorios de franjas horarias en relación a los niños".
Se propone que los medios privados "deben contar con códigos de ética y criterios de responsabilidad social" a la vez de subrayar la importancia de "la formación de los periodistas".
Proponen definir un "límite" en la emisión de programas adquiridos o cuando se arrienda el espacio, como en el caso de la emisión de programas religiosos.
Fuente: La República, Uruguay
"Debería establecerse un estatuto básico de los medios públicos que garantice que sean estatales, pero no gubernamentales, independientes con control parlamentario y con alguna forma de participación ciudadana en su gestión", se indica en el informe. Además se entiende que los medios públicos deberían contar con códigos de ética y criterios de gestión y programación explícitos y públicos".
También se propone que los servicios de comunicación públicos "deben ofrecer una programación diferente a los comerciales, pero buscando captar audiencias masivas y familiares, no restringiéndose a una idea de medios culturales o educativos que desaprovechan los recursos audiovisuales y sólo alcanzan audiencias minoritarias".
Se recomienda que estos medios deben asegurar "la mayor calidad profesional de su personal y su producción e incluir contenidos informativos, educativos de entretenimientos y de ficción".
Los medios públicos "deben promover la creatividad, apostando a la innovación, arriesgando donde el sector privado no suele hacerlo", y "promover derechos humanos", se recomienda.
Se plantea la conveniencia de generar medios públicos "descentralizados", por ejemplo: municipales, y un sector especial vinculado a las instituciones educativas.
Para el sector privado comercial se establece que debe asegurarse el cumplimiento de normas tales como: "el horario de protección a la infancia y la duración de tandas publicitarias". Se recomienda establecer "símbolos identificatorios de franjas horarias en relación a los niños".
Se propone que los medios privados "deben contar con códigos de ética y criterios de responsabilidad social" a la vez de subrayar la importancia de "la formación de los periodistas".
Proponen definir un "límite" en la emisión de programas adquiridos o cuando se arrienda el espacio, como en el caso de la emisión de programas religiosos.
Fuente: La República, Uruguay
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