El 17 se septiembre de 2010, siete meses antes de la clausura definitiva de la radio que se produjo el 3 de abril de este año, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) envió una primera resolución en la que negó la renovación del contrato de concesión de la emisora por haber sido sancionada por una falta administrativa, que fue la de "operar una estación repetidora para las ciudades de Pablo VI y Huamboya, provincia de Morona Santiago, sin contar con la autorización correspondiente".
Según puntualiza el informe del caso difundido por Fundamedios, dicha falta debía haberse sancionado económicamente con un monto de hasta 50% del máximo de multa contemplada en la Ley de Radiodifusión y Televisión, por lo que no correspondía el cierre.
Cabrera impugnó esa primera resolución, sin resultado, pues el 16 de diciembre de 2010, se emitió una nueva resolución ordenando el cierre definitivo de la emisora. El periodista presentó el 21 de diciembre de 2010 una nueva impugnación contra la segunda resolución, la que fue contestada con una negativa el 12 de abril de 2011.
A la falta de una respuesta en los 15 días que establece la ley, Cabrera acudió con su abogado, Julio Sarango, al Tribunal Contencioso Administrativo en enero de 2011 exponiendo su caso.
Para el periodista, la negativa de renovar su frecuencia corresponde a una decisión arbitraria del Conatel y a una respuesta a presiones políticas relacionadas a las críticas contra la actual gestión gubernamental desde su espacio radial Primera plana.
Cabrera negó haber operado las repetidoras sin permiso, aunque admitió que hizo audiciones de prueba por dos horas, las que contaron con la autorización verbal de Fernando Bucheli, expresidente del Conartel, quien confirmó a Fundamedios la versión del radiodifusor.
En cuanto al cierre de la radio, Cabrera aseguró que fue injusto, pues se le sancionó dos veces por la misma falta.
Según Sarango, esta segunda resolución no debía haberse ejecutado, pues no tenía un fallo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, como se establece en la misma resolución. Por ello, el abogado explicó que "la clausura y la requisa de los equipos fue totalmente abusiva e ilegal".
Luego de la clausura, Cabrera interpuso una acción de protección alegando abuso de poder del Conatel y restricción del derecho al la defensa y el buen vivir; sin embargo, el recurso se desechó el 6 de junio de este año.
Para Juan Francisco Guerrero, abogado y profesor de Derecho Constitucional de las universidades Católica y Andina, la sanción contra Cabrera es para quienes operan una radio que no tiene concesión, es decir, cuando se trata de una radio pirata que sale al aire sin ningún permiso; además, la clausura no debía haberse ejecutado, pues el trámite no había concluido en el Contencioso.
El caso en la actualidad. Transcurridos siete meses de la clausura definitiva de la radio, que se dio el 3 de abril de 2011, cuando, por pedido del intendente regional Sur de la Superintendencia de Telecomunicaciones a la Intendecia de Policía de Morona Santiago, se confiscaron los equipos transmisores de La Voz de la Esmeralda Oriental y hasta se allanó la vivienda de su propietario sin previa notificación y en domingo, según explicó Cabrera, el caso sigue el trámite normal en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Mientras tanto, el periodista enfrenta ahora una prohibición de salida del país por una supuesta orden de arraigo del año 2007, la que no le permitió viajar a exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 25 de octubre. (ABT)
Fuente: Hoy, Ecuador
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