ESPAÑA: ¿La muerte de las radios comunitarias?

Estas emisoras existen en Canarias desde hace más de veinte años. Sin embargo, un decreto del Gobierno regional pone ahora en riesgo su futuro

El pasado jueves 29 de julio el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó la convocatoria de concurso para la concesión de 156 licencias para la emisión radiofónica en las ondas de esta comunidad autónoma. Sin embargo, tras lo que parece una regulación necesaria, se muestra la probable destrucción de una realidad informativa peculiar y socialmente necesaria: las radios comunitarias. Dos días después del anuncio del concurso, en la popular plaza del quiosco de La Orotava, Radio Pimienta, comunitaria sintonizable en el 100.3 FM de la zona norte de Tenerife, lanzaba a las ondas su propuesta Contra el silencio, todas las voces. Se trata de una radio alternativa, original, sin ánimo de lucro y construida de forma horizontal entre muchas personas aficionadas a la radiodifusión y que creen en este medio como altavoz ideal de la libertad de expresión frente a los medios de comunicación de masas. Con esta retransmisión en la calle (tienes una foto arriba y varias en la galería de abajo) trataban de mostrar su trabajo social y participativo de más de cinco años y de sensibilizar en torno al inminente riesgo de ilegalización.

El embrolloso marco del Decreto sobre Servicios de Comunicación Audiovisual. En Canarias emiten en la banda de FM unas 500 frecuencias, que actualmente actúan de manera alegal. La saturación del espectro en las islas es consecuencia de 20 años sin regulación en este campo. La vigente planificación viene impulsada desde el Gobierno estatal y toma forma en el llamado Decreto sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, un texto aprobado con prisas, sin contar con el sector y sin debate en el Parlamento regional. Además de esto, el decreto parece dejar fuera a las emisoras comunitarias al no contemplar su particularidad reservando frecuencias para ellas.

Eso obligaría a estas emisoras a concursar en igualdad de condiciones frente a las radios comerciales lo que inevitablemente, tal y como está planteada la baremación para la adjudicación de licencias, las llevaría a la desaparición. En sí misma, esta situación refleja una fuerte paradoja ya que desde la Administración Estatal se contempla la reserva de frecuencias para estas emisoras en el punto 2 del artículo 32 de la Ley General Audiovisual (ante la que los medios no lucrativos también han manifestado su descontento). Pero, como suele ocurrir en la redacción de las leyes, tras lo que se escribe se disimulan las voluntades políticas subyacentes.

En el caso canario no se revela voluntad alguna de facilitar el mantenimiento y consolidación de las emisoras comunitarias ya que no se refleja explícitamente la existencia de éstas ni se les permite adaptar su realidad a la regulación de las ondas. Esto las deja en una encrucijada jurídica, ya que tendrán que elegir entre presentarse a un concurso que saben que van a perder, con la esperanza de poder recurrir ante los tribunales y poder así arañar su reconocimiento y legalización, o mantenerse al margen de la distribución legal de frecuencias y emitir de forma ilegal con el consecuente riesgo jurídico que esto representa.

Las radios comunitarias, la libertad de expresión y el desarrollo comunitario. Una radio comunitaria es una estación de transmisión que ha sido creada con la intención de favorecer a una comunidad o núcleo poblacional, cuyo interés es sólo su propio desarrollo social y cultural. Dichas estaciones no tienen ánimo de lucro (lo que las diferencia de las radios pirata). En España las radios comunitarias surgieron a principios de los años 80 y, salvo contadas excepciones, ninguna tiene licencia de emisión.

En Canarias se cuentan más de 25 emisoras de este tipo como, por ejemplo, Radio Guiniguada en Gran Canaria (con más de 20 años de trayectoria), Radio Pimienta en La Orotava, Onda Común, Radio Popular Canaria en La Laguna o Radio Tajaraste en El Hierro. Se agrupan en torno Federación de Radios Comunitarias de Canarias (FERCCA) y todas tienen en común un intenso trabajo colectivo basado en la libre participación, el impulso del acceso de todas las personas al espectro mediático y la reivindicación de la pluralidad informativa y la libertad de expresión.

La actual situación de Canarias ha venido precedida por conflictos similares en otras comunidades autónomas. El más conocido es el caso de Madrid donde el Tribunal Supremo desestimó la adjudicación de licencias ante una denuncia de la Unión de Radios Comunitarias por dejarlas fuera del proceso, y que se añade a otro varapalo anterior, cuando también el Supremo eliminó en esa comunidad el decreto de televisiones locales de 2005.

¿Se apuesta o no por la participación ciudadana? Ante circunstancias así, cabe preguntarse por qué se financian acciones destinadas a la participación ciudadana a nivel autonómico y municipal y no se coopera para mantener y consolidar los proyectos ciudadanos, autónomos y participativos, que ya existen, como es el caso de las radios comunitarias. De cualquier forma, todo hace pensar que en los próximos meses la ciudadanía canaria asistirá a un nuevo enfrentamiento a cuenta de este asunto entre colectivos sociales y administración.

Fuente: Lo que pasa en Tenerife