El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, planea impulsar un proyecto de reforma de la actual ley de Radiodifusión, gestada durante la última dictadura. La reforma incluye dos puntos clave: la modificación del artículo 43, que establece cuántos medios puede controlar cada empresa en un mercado definido, y la aspiración del Gobierno de controlar Papel Prensa, la empresa que produce el insumo básico de los diarios y en la que hoy el Estado es socio de los diarios ‘La Nación’ y ‘Clarín’. El proyecto que en dos meses el Gobierno quiere lanzar en Diputados cuenta además otras aristas que provocarán arduos debates. Por ejemplo, las empresas de medios no podrán mantener otros negocios paralelos a la explotación periodística dentro de sus estatutos, un principio que rige en todo el mundo avanzado donde, además, las leyes de radiodifusión son mucho más restrictivas en cuanto a la propiedad de medios que lo que sucede en la Argentina. Información publicada en el diario Ámbito Financiero (Argentina).
Proyecto oficial intentará limitar grupos multimedios
Reformas a radiodifusión vetarán posesión de medios gráficos y electrónicos
El gobierno ya definió que tiene en mente a la hora de reformar el mercado de medios de comunicación en el país. Con o sin guerra de Cristina de Kirchner con la prensa, el empeño por reformar volverá a pasar por los mismos puntos que complicaron esa relación en todos los gobiernos. Son dos puntos clave que definen el negocio editorial en el país: los cambios en el viejo artículo 45 la Ley 22.285 de Radiodifusión -el que establece cuántos medios puede controlar cada empresa en un mercado definido-, norma que la dictadura alumbró el 19 de diciembre de 1980. Lo adelantó ayer a este diario el interventor en el COMFER, Gabriel Mariotto. Antes, el funcionario dijo que el gobierno aspira al control de Papel Prensa, la empresa que produce el insumo básico de los diarios y en la que hoy el Estado es socio de los diarios «La Nación» y «Clarín».
Todo el ruido que se escuchó en los últimos días en torno a las protestas del gobierno, el armado de ese curioso Observatorio de Medios y las críticas de la oposición, se resumen a la posición que cada sector tomará en relación a esos dos temas. Es claro que no será el único cambio en la ley que ayer anunció el interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, y que en unos dos meses llegará al Congreso. Pero ésos serán los campos de batalla.
Reformador
Desde que reemplazó a Julio Bárbaro en el cargo, Mariotto juega el papel de gran reformador de la política de comunicación, inclusive en áreas que no parecen ser competencia del COMFER, como la provisión del papel prensa.
De él partió una de las definiciones con las que el gobierno pretende poner nervioso al Grupo «Clarín»: «El Estado tiene que tener mayoría en Papel Prensa», dijo la semana pasada. Esa operación tiene sus bemoles. En inicio las acciones de la empresa, cuestionada en los últimos tiempos también por contaminar más que la propia Botnia, según el kirchnerismo, estaban distribuidas: 25% para el Estado, 25% para «Clarín», 25% para «La Nación» y otro tanto para el diario «La Razón».
Con la quiebra de ese último los números cambiaron. Hoy 26,2% de Papel Prensa esta en manos del Estado, 36,9% es de «Clarín» y otro porcentaje similar es de «La Nación».
Por lo tanto, si Cristina de Kirchner quiere garantizar la provisión de papel igualitariamente a todos los medios, como se pontifica desde el gobierno, deberá apelar a una expropiación o a convencer a los dos diarios que le vendan un porcentaje, lo que resultaría una imposible inocencia política. En cualquiera de los casos, deberá el Estado pagar unas reformas.
No es entonces un problema de los medios sino del Estado que multiplicó en su momento el poder concentrador de los medios. Distinto hubiera sido el problema si, como se propuso desde este diario hace años, el porcentaje adjudicado a «La Razón» se hubiera distribuido entre una suerte de «liga de diarios», excluyendo a los dos socios actuales, evitando en parte las peripecias que muchos medios deben pasar para hacerse del papel en un mercado donde hasta el sustituto Papel del Tucumán presenta problemas por su calidad hasta para el funcionamiento de las rotativas.
Pero nada se dijo hasta ahora de otros verdaderos perjuicios que producen en el país los monopolios de prensa, como la falta de control en las ofertas de publicidad en escala, que por abuso de la posición dominante, que el Tribunal de Defensa de la Competencia nunca se animó a condenar, castigan al resto de los medios al ofrecer engañosas promociones con el solo requisito de no publicitar en otros medios.
Cambio madre
Mas complicada aun será la discusión del cambio madre en la Ley de Radiodifusión. El viejo artículo 45, que en la ley actual es en realidad el 43, fija qué clase y cuántos medios puede poseer una misma empresa. La puerta aquí la abrió un decreto de Carlos Menem el 18 de agosto de 1989 cuando autorizó con cierta amplitud, por lo menos la que el Grupo «Clarín» le pedía, la constitución de los multimedios. Por la Ley de Emergencia Administrativa no sólo se abrieron privatizaciones y flexibilización laboral, sino que también se vedó a empresas extranjeras tener el control accionario de concesionarios de licencias de radiodifusión y al mismo tiempo se liberaron las restricciones al cruce de medios en un mismo titular.
Así, se autorizó a que una misma empresa periodística fuera titular de una licencia de radiodifusión en cada una de las provincias del país y que pudiera poseer al mismo tiempo una licencia de radiodifusión sonora, una de televisión y una de servicios complementarios de radiodifusión.
En términos mas simples, desde ese momento un diario pudo ser propietario de un canal de televisión, de una radio AM y de una FM, mientras que por ingeniería societaria esas autorizaciones podían multiplicarse a cables y productoras de contenidos.
De allí en más ningún presidente tomó otro camino que no fuera flexibilizar esos principios, que ahora intentará cambiar Cristina de Kirchner pero para sostener su puja mediática. Deberá hacer un camino inverso al de su marido, quien en 2005 por decreto suspendió la prescripción de licencias por 10 años, lo que en la práctica operó como una extensión por ese lapso, intentando abuenar a los mismos medios contra los que hoy litiga su esposa.
El proyecto que en dos meses el gobierno quiere lanzar en Diputados tiene además otros ingredientes que serán delicia de los recintos. Por ejemplo, las empresas de medios no podrán mantener otros negocios paralelos a la explotación periodística dentro de sus estatutos, un principio que rige en todo el mundo avanzado donde, además, las leyes de radiodifusión son mucho más restrictivas en cuanto a la propiedad de medios que lo que sucede en la Argentina.
Fuente: Medios Latinos
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