ESPAÑA:

* Catedráticos de Comunicación y de Derecho Administrativo de la UPV-EHU, respectivamente, Por Ramón Zallo e Iñaki Lasagabaster

EN el proyecto de decreto "sobre la comunicación audiovisual" que prepara el Gobierno López sin que los partidos de la oposición se hayan hecho eco o se hayan enterado se renuncia tanto a una radio vinculada social y comunitariamente, como a que tenga un carácter compensatorio respecto al inaceptable reparto actual del espectro.

El proyecto reserva las 34 nuevas frecuencias pendientes del último Plan Técnico solo a las comerciales. Además no les fija requisitos de tiempos de emisión en desenganche ni contenidos mínimos de música, de promoción cultural o producción propia. Tampoco se compromete con la radio bilingüe ni con la fórmula, ya tradicional, de respeto a la media sociolingüística de la comarca donde van a ser operativas las licencias.

Con la excusa de hacer efectiva la LGCAV, el proyecto de decreto que ha circulado, es simplemente neoliberal, impropio de una administración socialista, con una interpretación lineal y meramente aplicativa y sucursalizada de la Ley española y en el que brilla por su ausencia el sentido de país y de un sistema comunicativo para el mismo. Renuncia a hacer valer el artículo 19 del Estatuto de Autonomía -una ley
orgánica- que habla de "desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado".

De hecho, solo el artículo 9 del proyecto de decreto de "comunicación audiovisual" establece una ridícula reserva de emisiones en euskera.

Para TV -se supone que para futuras autonómicas privadas porque las locales ya están repartidas- propone una licencia por cada cuatro. O sea 25% cuando la media sociolingüística de vascófonos es del 37%. Y, lo que es peor, no prevé licencias bilingües que respeten las medias sociolingüísticas de cada ámbito de cobertura.

Para las radios, que son las que preocupan en lo inmediato, el mismo artículo 9 reserva un tercio de las licencias para la emisión íntegra en euskera si la población de la zona de servicio es de más de 100.000 habitantes y hubiera más de dos licencias a adjudicar (o sea 1 por cada 3 en un Bilbao, Donosti o Margen Izquierda; y si no llegaran a tres, ninguna, puesto que un tercio de dos es nada) y una para zonas de servicio inferiores a 100.000 si hubiera dos o más.

Además, si no hay ofertas de emisión íntegras en euskera esas reservas no se guardarán para el futuro (art 9.4). Y como no ampara a las ofertas mixtas o de intensa emisión bilingüe, las 34 podrían ser en castellano, lo que se confirma en el artículo siguiente al relegar el euskera al último lugar entre los criterios de valoración. En su redacción actual atenta a la Ley de Normalización del Uso del Euskera. O sea un decreto euskericida.

El difuso artículo 10 deja los verdaderos criterios de valoración, es decir su concreción, a las bases del concurso, a los pliegos técnicos, en un ejercicio completamente ajeno a la trasparencia que exige que los temas de principio sean objeto de leyes o, al menos, de decretos marcos discutidos.

Que la LGCAV, lamentablemente, restringiera el concepto de servicio público solo a los operadores institucionales e inventara el concepto de "servicios de interés general" para las comerciales y comunitarias, no impide que para hacer realidad ese "interés general" se establezcan obligaciones mínimas y que, además, se prioricen criterios de interés general en los concursos.

Es inadmisible que el pluralismo no mueva a dar prioridad a nuevas personas físicas o jurídicas que no estén hoy en el dial o a aquellas que tienen menos peso en el mismo; y que, frente al modelo de cadenas, no sea un criterio la vinculación del prestador de servicio a la zona de servicio a la que se dirige, o que no se den prioridad a las ofertas de programación cultural, educativa, de servicios y de atención comunitaria para sectores y colectivos que merezcan una especial atención, o a las ofertas que habiliten espacios para la participación. Estos criterios ampararían a las comunitarias y locales.

Las radios comunitarias o las sin ánimo de lucro no se contemplan más que para remitirlas a la legislación de Estado. Y ya que apenas si existen radios institucionales, ni siquiera se las trata como si fueran públicas puesto que cumplen una función de hecho de servicio público. Así lo entendió en su día el Decreto de TDT locales. Debieran estar en un estadio intermedio y prioritario entre las públicas y las comerciales. Como en Catalunya.

En otras palabras y en virtud de lo conocido del proyecto de dercreto, existen dos posibilidades:

1) La primera es que el proyecto de decreto siga su curso y blinde un sistema radiofónico dependiente, mercantil y sin obligaciones. Sería un predio más de las cadenas españolas y en castellano.

Es posible que el Gobierno vasco alegue que debe sacar a concurso las radios antes del nuevo plan técnico digital para radio de octubre de 2011 al que se comprometió el Gobierno de España en Disposición Transitoria 15 de la LGCAV, plan que consolidaría a quienes tuvieran concesiones o licencias analógicas anteriores al mismo.

Pero esa interpretación es normativa, timorata, equivocada e interesada. Esta opción se olvida de que no se pierde nada con dejar las nuevas frecuencias sin asignar porque es seguro que los espacios libres de hoy podrán reasignarse como frecuencia digitales mañana. Si a pesar de todo el Departamento de Blanca Urgell se empeña en el decreto, que se rehaga entero con criterios compensatorios y de discriminación positiva en los criterios de valoración para la radio local de verdad y las comunitarias, y no para las cadenas

2) Lo realmente razonable es que se retire el proyecto y se inicie el debate de verdad para una Ley Audiovisual, entendiendo además que en el futuro digital habrá mucho más sitio para más prestadores. Se corre el alto riesgo de que ahora, con las prisas, se concentren las futuras licencias en quienes tienen concesión o licencia en la era analógica, y más sabiendo que cada canal de audio analógico se reconvertirá en 6 de digital. Lo más democrático es empezar a trabajar en una ley con criterios abiertos, de consenso y no despilfarrar el espectro para dárselo a pocos. Sería irreversible.

Los partidos parlamentarios, el mundo euskaltzale y las radios locales y comunitarias algo deberían decir en tema tan grave.

Fuente: Deia, España