lunes, 28 de noviembre de 2011

ECUADOR: "La Ley de Comunicación busca democratizar la palabra”

El Ciudadano TV,  este domingo, dedicó el espacio informativo para debatir a profundidad sobre la Ley de Comunicación a través de distintas voces. En esta ocasión, los invitados fueron Isabel Ramos, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso); Orlando Pérez, subdirector de diario El Telégrafo y Francisco Ordóñez, periodista de Radio Municipal.

El debate giró, entre otras cosas, en torno al rol que cumplen tanto los medios privados como públicos en lo que es su responsabilidad social. Marco Antonio Bravo, subsecretario de Nuevos Medios de la Secretaría Nacional de Comunicación, aseguró que el Proyecto de Ley de Comunicación ha estado entrampado durante tres años, sin que se cumpla el mandato popular expresado,  en las urnas.

En la Constitución del 2008 en las Disposiciones Transitorias, se estableció que en el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes leyes: (entre otras) la Ley de Comunicación, pero el debate en torno a esta normativa continúa.

En la Consulta del 7 de mayo del 2011 se incluyeron dos preguntas sobre la  Ley de Comunicación, ambas fueron aprobadas con el 52.97% y 51.67% respectivamente, en la consulta popular del pasado 7 de mayo.

Orlando Pérez, fue enfático en señalar que los medios de comunicación privados defienden sus intereses particulares y no dan espacio a  la ciudadanía que ha sido eternamente silenciada. Mientras tanto,  Isabel Ramos  destacó que los medios privados  han orquestado una convergencia de contenidos propagandísticos que han silenciado a los ciudadanos. “Los medios están aliados en resistirse a la regulación y de espaldas a la gente (…). El mayor atentado es la concentración de medios de comunicación”, recalcó. (ver compartida)

Francisco Ordóñez, al inicio de su intervención, recalcó que la Ley de Comunicación –no una Ley de Medios-explica- es una necesidad. “El 97% de medios son de propiedad privada y apenas el 3%  son de otro tipo de propiedad. Solo los medios privados  han podido expresarse, yo abogo por una libertad de expresión de los ciudadanos”.

Un tema que dejó sentado en el debate, la académica Isabel Ramos, es que no se ha dicho nada sobre la situación de los trabajadores- los obreros- de la prensa que también han sido minimizados.

Como parte del debate, en el programa se escuchó la intervención de estudiantes de comunicación y de periodistas internacionales, quienes, también aplauden que se apueste por una verdadera democratización de la comunicación que dé voz a los que han estado silenciados por los emporios mediáticos.

Para Ordóñez ese es el reto que tienen los medios públicos, dar voz a los que no la tienen. “Estamos en un proceso de construcción que ejerza la función de observatorios ciudadanos”.

En uno de los videos que se presentaron en  el programa, el profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, Leonardo Andrade, fue enfático en decir que los mismos medios privados han colocado la mordaza, los ciudadanos no han tenido espacio”. Con él coincidió Ramos que recalcó que “las grandes mayorías han quedado fuera” de  la prensa privada.

Los tres panelistas coinciden en que el espectro radioeléctrico se distribuya de forma equitativa. El 33% para los medios comunitarios, 33% para los medios públicos y el 33% de los medios privados.  DE esta manera –explica Ramos- se democratizará la palabra y eso es indispensable.  “Los medios públicos  no buscan raiting sino servir a la ciudadanía, darle información útil y necesaria.  En conclusión, lo que se busca es  que se respeten los derechos de comunicación de todos, no de un sector y que haya, sobre todo, un acceso equitativo  a los medios  de comunicación. Eso ya se ha logrado, por ejemplo, en Uruguay y Bolivia”, concluyó Francisco Ordóñez.

Concentración de los medios privados vs  medios públicos y comunitarios

Según  el Análisis de Desarrollo Mediático de Ecuador, elaborado por la Unesco y Ciespal, en el ámbito de la radio y teledifusión, según las estadísticas de diciembre de 2010 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, existen 1.205 radioemisoras en onda corta, AM y FM, y 444 canales de televisión, que incluyen las estaciones matrices y repetidoras de señal abierta en VHF y UHF, tanto de propiedad privada como pública y comunitaria. Según la misma fuente, 83% de las televisiones son de propiedad privada, 17% de servicio público y 0% comunitaria.

En cuanto a las radios, 89% son de naturaleza privada, 10,8% de servicio público y 0,2% comunitarias. Eso es justamente, lo  que se quiere cambiar, según los panelistas que participaron en el programa de este domingo. Desde 2007, cuando Rafael Correa Delgado asumió la Presidencia de la República, el panorama mediático del país cambió. En ese año se crearon los medios públicos: Ecuador TV (ECTV), Radio Pública del Ecuador (RPE) y el diario El Telégrafo. 

Con respecto a estos dos últimos medios, cabe señalar que la RPE reemplazó a la antigua Radio Nacional y que el diario El Telégrafo fue incautado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) a su propietario, un ex banquero, y pasó a ser administrado por el Estado. 

Apareció, también, el periódico gubernamental El Ciudadano, vocero de la “Revolución ciudadana”, y se creó la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (ANDES). Por último, entró en circulación en septiembre del 2010 el diario público popular “PP, El Verdadero”, en versión tabloide que se edita e imprime en las instalaciones de El Telégrafo.

Según ese mismo estudio, en cuanto a la percepción de la ciudadanía con respecto a la libertad de expresión, el 68% de personas encuestadas a nivel nacional considera que en el país hay libertad de expresión y el 32% afirma lo contrario. En lo que respecta al índice de exigibilidad de este derecho, sólo un 4,04% de los encuestados ha presentado quejas por haberse limitado su libertad de expresión, de éstas sólo un 7,7% ha acudido a la Defensoría del Pueblo y menos del 3,8% ha recurrido a la instancia judicial.EM/Prensa Prensa Presidencial.

Fuente: El Ciudadano, Ecuador

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