Esta vez Alberto Rodriguez Saa, el actual gobernador de San Luis, quiere tener su propia Ley de Medios, diferente a la Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue sancionada por amplia mayoria en ambas cámaras de legisladores.

El senado de San Luis dio media sanción al proyecto para que la provincia siente su jurisdicción sobre todas “las materias relativas a los servicios de difusión que comprenden: Radiodifusión, Televisión abierta y por cable, Escritos y cualquier otro que se realice dentro de sus límites territoriales”.

El primer artículo de la norma de Saa, señala que “ninguna Ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de la información” y en el tercero afirma que “todos los ciudadanos tienen derecho a la información veraz y a escoger libremente los servicios que quieran recibir, sin que los intereses privados y los poderes públicos puedan interferir ni sustituir sus decisiones”.

Rodriguez Saa dicto esta norma, de once artículos, que sale a competir con Ley de Medios Audiovisuales sancionada por el Congreso de la Nación, dice en su artículo cuarto que la provincia “llevará un registro público de frecuencias del espectro radioeléctrico disponible y otorgará, a través del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión, la autorización pertinente…”.

Las licencias que otorgue el Consejo Consultivo “tendrán una duración indefinida” y, para otorgarlas, se limitará “a la efectiva disponibilidad de frecuencias”. La norma aprobada por los senadores contempla también respetar “los derechos adquiridos, relativos a los servicios de difusión”.

El artículo 8 fija las siete funciones del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión: Definir el espectro radioeléctrico disponible; llevar el Registro Público de Frecuencias que se otorgan; autorizar las frecuencias disponibles; elaborar las reglamentaciones de alcance general y particular; prevenir o corregir prácticas anticompetitivas; dirimir los diferendos que pudieran surgir y “entender y coordinar en todo trámite de autorización”.

Recordamos que la provincia de San Luis, en conjunto con el Grupo Clarín, hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cuál solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. El máximo Tribunal declaró su competencia originaria para tratar el tema, pero no se expidió sobre el planteo realizado por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, identificado con el peronismo antikirchnerista.

Fuente: Diario Río Negro, Río Negro, Argentina