Fernando Sabaté afirma en un comunicado que es necesario que el Gobierno regional modifique el proyecto de decreto para permitir que junto a las 156 licencias comerciales, se mantengan las emisoras sociales y comunitarias "que no tienen ánimo de lucro y cumplen una importante labor social".
A su juicio, "resulta llamativo" que el principal criterio a la hora de adjudicar las 156 licencias de radio sea únicamente el factor de la viabilidad económica, sin tener en cuenta criterios como los años de emisión, la experiencia, el tipo de programación, los valores divulgativos, informativos o incluso la cercanía al ciudadano.
Sabaté considera que "escudándose" en el decreto, las 482 emisoras alegales existentes en Canarias, sin contar las municipales, van a sufrir "una intensa presión política para poder mantener su actividad".
"No consideramos en absoluto que este tipo de emisoras representen una amenaza para las radios comerciales, más bien son un complemento", señala el portavoz de Sí se puede.
Desde la organización de izquierdas se muestran sorprendidos por las palabras de la diputada de CC Ana Oramas sobre su firme decisión de "acabar con la ocupación ilegal del espacio radioeléctrico".
"En los últimos 17 años CC ha estado gobernando sin que haya mostrado demasiado interés por legislar esta cuestión y ahora nos tememos que las prisas por abordar este asunto sean para acallar las voces discrepantes con el Gobierno antes de las próximas elecciones", afirma.
Sabaté teme que se intente "silenciar o dificultar" la labor de decenas de emisoras de todo tipo que realizan una actividad informativa cercana, objetiva y plural.
"Igualmente nos preocupa el futuro de todas las personas que trabajan o colaboran en las más de 300 emisoras que se verían abocadas a cerrar de aprobarse el actual decreto", añade Sabaté.Fuente: ABC, España
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