Telde.- Las dos emisoras privadas (PCL Radio y Radio Cibelio), afectadas al igual que la municipal Canal Telde por el precinto de sus aparatos de emisión que ordenó la jueza María de los Ángeles Zabala, estudian con sus abogados personarse en la causa abierta por el TSJC al admitir a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento de Telde contra esta magistrada por la comisión presunta de un delito de prevaricación y otro de vulneración de la libertad de prensa.
Así lo avanza en su edición impresa de este sábado el periódico Canarias7, que abunda en la noticia que abre la sección de Telde lo avanzado anoche en primicia por TELDEACTUALIDAD de que el Consistorio teldense acusa a la jueza Zabala de suplantar la ley por su criterio, al detallar el contenido de los fundamentos jurídicos de la acción judicial emprendida por las autoridades municipales.
Bajo el titular “el pacto acusa a la jueza Zabala de suplantar la ley por su criterio”, Canarias7 destaca que en “la querella que el Ayuntamiento de Telde ha interpuesto contra la titular del Juzgado número 6 de Telde se acusa a esta magistrada, María de los Ángeles Zabala, de haber suplantado la ley por su voluntad en dos ocasiones en la investigación judicial por la que cerró tres radios en julio”.
En la información se añade que “la querella, admitida a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), no se anda con titubeos. La representación judicial del Ayuntamiento, gobernado por NC, PSOE y CCN, entiende que la magistrada pudo haber incurrido en un supuesto delito de prevaricación judicial y en otro contra el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho a la información al haber firmado un auto el 12 de julio pasado que supuso el cierre y precinto de tres emisoras de radio, Canal Telde, que es la municipal, PCL Radio y Radio Cibelio. La investigación, que se saldó también con la detención de 9 personas, se inició tras la denuncia de un particular por presuntos delitos de piratería informática y musical en las radios”.
En la crónica, el periodista Gaumet Florido hace hincapié en que el Consistorio, que defiende a la emisora pública, apunta en su denuncia que Zabala supo que con el precinto de los cables se suspendía la emisión (sus peritos judiciales acompañaron a los guardia civiles) y que lo autorizó «arbitrariamente», «suplantándola por su voluntad». Y le reprocha que volviera a «apartarse de la ley» cuando dos días después, y pese a que la ley prohíbe variar las resoluciones judiciales firmadas, la «suplantase con su unilateral voluntad» para modificar el primer auto que firmó y dar a entender, en un nuevo auto, que debió malinterpretársele porque, venía a decir, ella no había ordenado precintar las emisoras.
Castigos severos
La prevaricación, si prueban que la jueza adoptó una resolución injusta a sabiendas, implica multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 10 a 20 años. Si fue una imprudencia, la inhabilitación sería de 2 a 6 años. Y si se le acusa de atentar contra la libertad de prensa, podría ser apartada de su puesto entre 6 y 10 años.
Derechos prevalentes
La representación judicial del Ayuntamiento entiende que hay prevaricación porque en su auto del 12 de julio la jueza ordenó el precinto «de cuantos aparatos/soportes se estén utilizando en la comisión del delito para la emisión y retransmisión de la obra» y que lo hizo «sin tener en cuenta que con esa decisión «estaban en juego» el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, que son derechos prevalentes. Y cree que lo mandó «a sabiendas» porque cuando regresó la comisión judicial que llevó a cabo la orden y le comunicó que se precintaron los cables de salida a la emisión pública, mantuvo la suspensión de la difusión durante dos días.
Rectificación posterior
Pero el letrado va más allá y explica que fue la propia magistrada la que, en su segundo auto, el que matizó el primero dos días después, admite que «ni la Constitución ni las leyes le autorizaban a precintar los cables de salida a la emisión pública».
Más acusaciones
Las otras dos emisoras afectadas por la investigación que ordenó la jueza estudian con sus abogados personarse en esta causa.
Ciuca defiende a la jueza
El PP no tiene opinión, pero sospecha que la querella tiene un trasfondo político. Ciuca da un paso más. Habla de «ataque al poder judicial sin precedentes y al estado de derecho». Ve en la denuncia «una cortina de humo para tapar el escándalo» de los supuestos delitos cometidos en la radio pública. Pide investigarlos.
Fuente: Telde Actualidad
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