El paquete de iniciativas vetadas por el PP que Compromís llevó al Constitucional incluye también preguntas de la portavoz adjunta Mònica Oltra sobre la contaminación por unos vertidos tóxicos en Mislata por parte de un fábrica de papel, otras de Mireia Mollà sobre las adjudicaciones de licencias de radio y televisión y sobre el plan de emergencia exterior del polígono El Serrallo de Castelló, así como una proposición no de ley de Josep Maria Pañella en la que se pedía el reconocimiento público de Francesc Bosch i Morata, quien fue conseller de Cultura del Consell Provincial de Valencia en la Segunda República, ya en la Guerra Civil.
Las de Oltra se vetaron alegando igualmente que la firma aludida carecía de trascendencia pública en la Comunitat mientras en las de Mollà se esgrimió el otro apartado del artículo 153.2 que también permite a la Mesa vetas las preguntas que supongan "consulta de índole jurídica". Como en las iniciativas Gürtel, el TC ampara a los diputados y declara que se ha producido una "restricción ilegítima de los derechos" de los diputados. Respecto a las licencias de TV, se trataba de un asunto sensible para el PP, toda vez que José Luis Ulibarri, empresario leonés imputado en el caso Gürtel, se hizo con 13 canales.
Sobre Bosch i Morata, los populares, sencillamente, no querían definirse en un asunto que afecta a la Guerra Civil. El TC proclama que las proposiciones no de ley no sólo son iniciativas de impulso y control al Gobierno -la justificación que invocaron las Corts- sino que son "una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos grupos" tomen posición. El tribunal censura entonces que la Mesa use excusas reglamentarias para tomar una decisión política que corresponden al pleno o las comisiones, "obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público".
Fuente: El Mercantil Valenciano, España
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