Este proceso penal contra Camero se inició en 2008 a raíz del operativo para desmantelar y asegurar el equipo de transmisión de Radio Tierra y Libertad por operar sin autorización. Dicho cierre fue realizado por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, con uso excesivo de la fuerza pública y violentando las garantías del debido proceso legal.
A pesar de todos los insumos probatorios y argumentativos que la defensa proporcionó para que Camero fuese absuelto, por no haber delito que perseguir, el juez penal federal optó por dictar una sentencia que se aparta de las recomendaciones formuladas por diversos organismos internacionales. Recordamos lo que el propio Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido: "El uso de una frecuencia no autorizada no debiera constituir delito, sino una falta administrativa, por lo que los Estados no deben criminalizar este acto."
Por tanto AMARC-México apeló la sentencia del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en defensa del ejercicio de la libertad de expresión consagrado por el artículo 6 de la Constitución Mexicana, recordando lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que es fundamental que los Estados no hagan un uso desproporcionado del derecho sancionador en asuntos relacionados con el derecho a la libertad de expresión.
Radio Tierra y Libertad desde el año 2002 tramitó su solicitud de permiso y no obtuvo respuesta sino hasta el año 2009 en que le fue otorgado, mostrando así su ánimo de legalidad y cumplimiento con el marco normativo existente.
El proyecto Radio Tierra y Libertad inició para dar voz a los habitantes de la colonia Tierra y Libertad, constituida principalmente por trabajadores/as de las fábricas de Monterrey. Esta radio es la única en la región que toca temas vinculados con la problemática cotidiana de los pobladores. Aborda, desde diversos aspectos, los derechos humanos laborales y la seguridad en el trabajo, educación, salud, cultura, género e igualdad, desde el punto de vista de las comunidades obreras.
Por todo lo anterior AMARC-ALC hace un llamado al Poder Judicial Mexicano a fin de que emita una sentencia acorde con los más altos estándares en materia de libertad de expresión y revierta la sentencia condenatoria en contra de Camero que materializa la criminalización de la radiodifusión no autorizada y que contraviene los estándares de derechos humanos y la libertad de expresión.
Fuente:
Asociación Mundial de Radios Comunitarias 705, rue Bourget, bureau 100
Montreal, Quebec H4C 2M6
Canada
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